Los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción Belinda Bobadilla, Jorge Arce y Leonardi Guerrero pidieron la abreviación del plazo y luego de cuatro meses de investigación presentaron la acusación, ante fuertes indicios de irregularidades, por el caso mafia de los pagarés.
Aparte de Cibils, fueron acusados el actuario Ricardo Ramón Cuevas, la ex ujier notificadora Audrey Jazmín Galeano Mora y la abogada Thalia Desiree Benítez Faría, representante de la firma PH Sociedad Anónima.
Se presume que entre los años 2022 al 2024, se llevaban adelante juicios ejecutivos en el Juzgado de Paz de La Encarnación, donde en realidad la Fiscalía se encontró con notificaciones e intimaciones de pagos falsos.
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Uno de los hechos ocurrió en abril del 2024, cuando la empresa PH Sociedad Anónima tramitó ante el Juzgado de Paz de La Encarnación una acción preparatoria de juicio ejecutivo en contra de la víctima Andrea Lorena Balbuena, específicamente respecto a siete pagarés.
La dirección que figuraba era fuera de Paraguay, específicamente en Argentina, General José de San Martín 132, San Miguel de Tucumán.
De igual manera, el 17 de mayo del 2024, la jueza Analía Cibils emplazó a la demandada a que comparezca en tres días a reconocer o no las firmas de los documentos, bajo apercibimiento de que si no se presentaba, se tendría por reconocidas las firmas.
La ujier Audrey Galeano informó que en junio del 2024 fue hasta Argentina y notificó a la víctima, Andrea Balbuena y que “fue recibida por su compañera”.
“La ujier notificadora no estaba facultada por ley para hacer una notificación en el extranjero, con lo que ya se descarta jurídicamente la posibilidad de esta diligencia por parte de la misma, pero además, la misma no salió del territorio paraguayo en la fecha o en los días previos ni posteriores, con lo que, además, se descarta que ella se hubiese trasladado a la Argentina”, lanzó el Ministerio Público.
Pese a la evidente y “notoria falta de notificación” la abogada Thalia Benitez solicitó a la jueza que haga efectivo el apercibimiento de tener por reconocida las firmas.
El 28 de octubre del 2024, la entonces jueza Carmen Analía Cibils sacó una resolución, y declaró que la notificación fue practicada “en legal forma”.
Para los fiscales, sin embargo, citar a una persona que se encuentra en el extranjero solo puede ser realizada vía exhorto judicial, y eso no se hizo. Encontraron otras irregularidades más.
Los hechos punibles
La ex jueza Carmen Analía Cibils fue acusada por prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
El actuario Ricardo Ramón Cuevas, por uso de documentos públicos de contenido falso yproducción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
La ex ujier notificadora Audrey Jazmín Galeano Mora por prevaricato y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Y, por último, la abogada Thalia Desiree Benítez Faría, representante de la firma PH Sociedad Anónima, como instigadora al prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso.
