En un comunicado, el gremio –presidido por el ingeniero Luis Lavigne– recordó que, si bien al inicio de la actual administración se abonó parcialmente la deuda, hasta la fecha no existe claridad sobre el plan de cancelación total.
“Esta situación afecta directamente a nuestros asociados y proveedores, que forman parte esencial de la cadena de valor de la construcción, generando un clima de incertidumbre y debilitando la previsibilidad necesaria para sostener la actividad económica”, señala el documento.
Cadimaco advirtió que la falta de pago a las empresas contratistas, agremiadas en la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), repercute de manera inmediata en los distribuidores de materiales, los proveedores industriales y de servicios, así como en el empleo de miles de trabajadores.
Según el gremio, la cesación de pagos que enfrentan muchas empresas –tanto por deudas atrasadas como por certificados de obras nuevas que no se están abonando– pone en riesgo la continuidad de obras y el dinamismo económico del país.
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La Cámara expresó además su solidaridad con la Capaco y reiteró al Gobierno Nacional la necesidad urgente de brindar certeza y transparencia sobre un plan urgente de pago de las deudas pendientes; el cronograma de regularización de los compromisos asumidos y una estrategia de financiamiento que asegure la sostenibilidad del sector.
“El rubro de la construcción es uno de los motores más importantes de la economía nacional. Cada retraso impacta en múltiples subsectores, limita la inversión privada y afecta directamente al empleo de miles de paraguayos”, enfatiza el comunicado.
Finalmente, la Cadimaco instó al Gobierno a establecer un diálogo claro y responsable con los gremios del sector, con el objetivo de recuperar la confianza, garantizar la previsibilidad y consolidar un plan que permita dar continuidad al crecimiento económico.
Ministro de Economía había minimizado impacto de la deuda
La declaración del gremio se suma al reclamo de la Capaco, cuyo presidente, José Luis Heisecke, había cuestionado días atrás las declaraciones del ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, quien minimizó el impacto de la deuda estatal con las constructoras.
Heisecke calificó las expresiones del ministro como “una burla” hacia las empresas del sector y afirmó que la deuda real del Estado asciende a USD 200 millones en capital, muy por encima de los USD 60 millones reconocidos por Fernández Valdovinos.
El titular de la Capaco advirtió que los retrasos en los desembolsos generan un grave desequilibrio financiero, especialmente para las pequeñas y medianas empresas, que no cuentan con la suficiente capacidad para soportar la situación.
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