07 ago. 2025

Fiscalía pide prisión para dos acusados en la causa del diputado Esteban Samaniego

El fiscal Silvio Corbeta pidió que se revoquen las medidas y que dos funcionarios municipales sean enviados a prisión, porque ambos recusaron al juez y pararon la audiencia preliminar en diferentes ocasiones. En la causa se habla de un esquema para desviar el dinero que debía usarse para reparar colegios.

Patricia Corvalán.jpg

Patricia Corvalán fue electa intendenta el pasado 25 de marzo. Foto: Gentileza

El fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, pidió al juez Humberto Otazú que revoque las medidas alternativas que tienen dos procesados en la causa donde está imputado el diputado colorado Esteban Samaniego y acusada su esposa, la intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán.

Se trata de Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas. Este último recusó ayer al juez, y logró suspender por tercera vez la audiencia preliminar. El magistrado debía decidir si el caso va o no a juicio.

Ambos, al igual que Corvalán están acusados junto a otras personas más de supuestamente formar un esquema para desviar G. 1.108 millones.

Ver también: De nuevo se suspende preliminar de intendenta de Quyquyhó, esposa de diputado

El dinero debía ser utilizado para la reparación de colegios, pero en su lugar se destinó para la construcción de la vivienda familiar para el matrimonio Samaniego-Corvalán.

Se habla de un “esquema de corrupción dentro del municipio, integrado por proveedores ficticios, quienes eran adjudicados con sin números de contratos para lesionar el patrimonio de la comuna”.

Justificación del pedido de prisión

El fiscal solicitó que los acusados vayan a prisión, “atendiendo a que los acusados han incurrido reiteradamente en conductas obstruccionistas dirigidas a dilatar el inicio de la audiencia preliminar, mediante diversos recursos legales y otras maniobras procesales”.

Ver también: Fiscal pide a juez que prohíba a intendenta de Quyquyhó acercarse al Municipio

El pedido es a fin de asegurar que se realice la audiencia preliminar.

Según Corbeta, hay suficientes elementos para que ambos vayan a prisión, ya que hay peligro de fuga.

Tres veces ya se suspendió la preliminar

La primera vez que se intentó hacer la audiencia fue en febrero de este año, pero se postergó porque la intendenta de Quyquyhó apeló la fijación de la preliminar.

Luego de que rechazaran su apelación, el 23 de mayo se intentó hacer nuevamente, pero allí el ex jefe de Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad, Enrique Lovera, recusó al fiscal Silvio Corbeta y al juez Humberto Otazú.

El último intento fue ayer, pero el procesado Guido Vargas volvió a recusar al magistrado, a través de su abogado Juan David Campuzano, y pidió al Tribunal de Apelaciones que le aparte de la causa.

Más contenido de esta sección
La actual pareja de la mujer y padre del bebé de 10 meses quedó en carácter de detenido tras hallarse en el inmueble cerca de medio kilo de cocaína de alta pureza. El caso es investigado por posible filicidio.
Un caso inédito. El Tribunal de Apelación Especializado confirmó a la jueza Rosarito Montanía en el caso A Ultranza Paraguay, tras rechazar la recusación de la defensa Gianina García Troche. Sin embargo, sus abogados señalan en un comunicado que nunca recusaron a la magistrada.
Pese a una prohibición para ejercer de manera privada, el abogado Willian Bogarín, siendo funcionario público, estuvo trabajando de forma particular y estuvo cobrando sumas millonarios por sus causas, según la imputación.
Un ciudadano uruguayo fue encontrado culpable de matar a una despensera para robarle. En fallo unánime del Tribunal de Sentencia, los jueces le condenaron a 26 años de cárcel, por el hecho de robo agravado con resultado de muerte.
Un Tribunal de Apelaciones ratificó la prisión preventiva de un funcionario de la Dinac, sindicado por su presunta implicancia en el narcotráfico. Según la acusación, habría facilitado el ocultamiento de cocaína en bidones de 20 litros, sin que se realizara ningún control.
Según la Fiscalía, la abogada Diana Molinas habría iniciado 25 juicios ejecutivos, entre ellos algunos por deudas ya saldadas con otras empresas. Supuestamente, “habría instado al Juzgado” a avanzar con los procesos, pese a que las notificaciones no habrían sido realizadas.