El juez de Santa Rosa del Aguaray, Vicente Coronel, admitió la nueva imputación en contra del funcionario de la Cámara de Diputados Willian Roberto Bogarín Campuzano, esta vez por cobro indebido de honorarios. La causa está vinculada a una estafa a colonos menonitas.
Por ello, fijaron para el próximo 8 de agosto la fecha de la audiencia de imposición de medidas, teniendo en cuenta que el fiscal solicitó medias alternativas a la prisión para el encausado.
El fiscal José Godoy presentó imputación contra Bogarín porque supuestamente en fehcas 15 de noviembre de 2021 y 15 de setiembre de 2022, recibió elevadas sumas de dinero en concepto de cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.
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La primera fecha recibió USD 10.000, mientras que en la segunda fecha percibió la suma de USD 20.000, según las investigaciones.
“Pese a estar inhabilitado por ser funcionario público, igualmente habría realizado trabajos legales como abogado litigante en otros casos y habría percibido por dicho trabajo”, dice la imputación.
El supuesto cobro indebido de honorarios ocurrió entre los años 2018 al 2024 en forma consecutiva.
En el 2018, la familia de colonos menonitas Friessen Neufeld le había contratado al ahora imputado para que intervenga en su juicio sucesorio en un Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Ya en ese entonces, Willian Bogarín era funcionario público permanente de la Cámara de Diputado, con cargo de Director.
La causa anterior
La primera causa, que provocó esta segunda, es por la supuesta estafa a la misma familia de colonos, que llegó a pagar USD 1.600.000 por dos terrenos en el Chaco, a los cuales nunca accedieron.
Por el caso fueron imputados José Ljubetic, dueño de un estudio jurídico y de una supuesta inmobiliaria; Ilsa Paredes, una abogada; y al abogado y funcionario de Diputados Willian Bogarín.
Los tres alegaron ser parte del estudio jurídico que primero ofreció servicios para tramitar una sucesión a la familia. Luego, gestionaron la supuesta compra de propiedades.
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La familia Friessen Neufeld venía siendo engañada por el esquema desde el 2017. Tras ganarse su confianza, les había propuesto gestionar la compra de dos propiedades en el Chaco, de un total de 8.000 hectáreas.
Supuestamente, ambos terrenos eran del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), sin embargo, existen informes que lo contradicen, que mencionan que se trata de tierras privadas.
Siguen sin poder extraer datos de teléfonos
La abogada Gessy Ruiz Díaz confirmó que en la causa que inició en el 2024, se incautaron los celulares de los implicados, pero hasta la fecha siguen sin poder extraerse los datos de los dispositivos.
La última fecha que dictó el Juzgado para la pericia es el próximo 7 de agosto, pero nuevamente los imputados presentaron un recurso de reposición, con apelación en subsidio, pidiendo al juez que revea su decisión.
Con los meses que van transcurriendo, existen riesgos de que se borre, manipule o perjudique los datos que están dentro de los teléfonos, cuestionó la abogada.
