La intendenta de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR), y otras personas acusadas por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal, por un supuesto desvío de G. 1.100 millones, enfrentan audiencia preliminar ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
En el caso, el legislador colorado Esteban Samaniego no fue desaforado, por lo que no se pudo iniciar el proceso penal en su contra.
El magistrado suspendió la audiencia respecto a varios procesados que se presentaron sin abogado o cambiaron de defensa. En ese sentido, les advirtió que comunicará la situación a la Superintendencia de la Corte.
Después, ya en la diligencia, el fiscal Silvio Corbeta se ratificó en su acusación contra la jefa comunal, Patricia Corvalán, y Blanca Álvarez, esposa y madre, respectivamente, del diputado, por los supuestos delitos de administración en provecho propio y lavado de dinero. La madre enfrenta las causas en calidad de cómplice.
Igualmente, el agente fiscal solicitó como medida cautelar, que el juez disponga la prohibición de acercarse a la Municipalidad de Quyquyhó a la intendenta. Esto será resuelto al final de la diligencia por el magistrado.
Otras 12 personas fueron también acusadas por los mismos hechos relacionados con el supuesto desfalco de la Municipalidad de Quyquyhó, Departamento de Paraguarí, pero también por asociación criminal.
La defensa
Por su parte, el abogado Derlys Martínez, defensor de la intendenta y de la madre del congresista Samaniego, deberá contestar mañana los planteamientos realizados por el fiscal Corbeta.
En conversación con la prensa, el defensor apuntó que el pedido de prohibición de acercarse a la sede comunal contra Corvalán no se justifica con la realidad y que no hay ningún evento que pueda justificar la solicitud. Es más, prácticamente significaría la destitución de su cargo.
La audiencia seguirá mañana ante el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
Con respecto al diputado Esteban Samaniego, la causa se relaciona con el tiempo en el que se desempeñaba como intendente de Quyquyhó entre el 2011 y 2017, donde suscribió contratos, convocó licitaciones, pagó y benefició a los mismos proveedores en repetidas ocasiones para la realización de servicios y obras inexistentes, según la Fiscalía.
Además, dicen los fiscales, que operó en complicidad con funcionarios designados en cargos de confianza, amistades y personas de su entorno.
Conforme con las pesquisas, las empresas sabían que eran usadas para el desvío de fondos y proporcionaban conscientemente sus esquemas para encubrir las sumas de dinero faltantes y cobradas indebidamente por terceros en provecho de Samaniego.
Durante su gestión como jefe comunal, el matrimonio obtuvo beneficios económicos indebidos a costa del desvío de los recursos provenientes de la Comuna por un valor que supera los G. 1.100 millones.
Según los investigadores, estos recursos fueron invertidos en bienes raíces de la pareja, específicamente en la edificación y construcción de su vivienda familiar de dos plantas, ubicada en el barrio San Vicente de Asunción.
