Se destrabó la causa de la mafia de los pagarés y el Juzgado ya podrá citar para su audiencia preliminar a Gustavo Villalba, el quinto juez de Paz procesado por el caso conocido como la mafia de los pagarés. El Tribunal de Apelación de Delitos Económicos confirmó al juez interino Osmar Legal.
El magistrado suspendido –quien antes cumplía funciones en el Juzgado de Paz de la Catedral Primer Turno– está acusado, junto a otras cinco personas.
Se presume que formaban parte de un esquema para perjudicar a través de juicios ejecutivos a deudores o personas que no tenían deudas.
El caso quedó trabado con la recusación que planteó uno de los acusados, el ujier Jorge René Montiel, alegando el temor de parcialidad, ya que Legal solo es juez interino y no habría confianza.
Como el recurso fue rechazado por el Tribunal, se le convocó al abogado de Montiel, Tomás Raúl Guerrero, para una audiencia disciplinaria el 7 de septiembre a las 09:00.
Ahora, el juez Osmar Legal podrá fijar fecha para la audiencia preliminar, donde se debe decidir si su colega, el juez Gustavo Villalba, y demás procesados deberán enfrentar o no juicio oral.
El caso. Los fiscales Jorge Arce y Leonardi Guerrero lo acusaron y pidieron su juicio oral para él y otras cinco personas más, entre funcionarios judiciales y abogados.
Según el Ministerio Público, se comprobó con las investigaciones que aparentemente todo el sistema dentro del Juzgado funcionaba “solo en apariencia de legalidad”, específicamente en los juicios ejecutivos, donde los abogados iniciaban las demandas y no se notificaba al deudor para reconocer si las firmas de los pagarés judicializados eran reales o no.
Además de Villalba, están acusados los ujieres notificadores Osvaldo Insfrán Vera y Jorge René Montiel, el actuario judicial Aarón Itamar Bernabé, el oficial de justicia Ronald Iván Navarro y el abogado Alejandro Valiente Martínez.
El juez está procesado por supuesto prevaricato y uso de documentos públicos de contenido falso, mientras que los demás por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
¿Cuántas resoluciones? Los fiscales hablan de que el juez Gustavo Villalba Báez dictó resoluciones judiciales “violando el principio de igualdad” en 83 expedientes, en el año 2024.
El “sabía”, “consintió” y “acordó” que los casos y las actuaciones fuesen elaborados por los abogados demandantes, “representantes de firmas de cobranzas”.
Supuestamente, también violó el derecho “al falsear los hechos”, sobre todo en lo que concierne a las supuestas notificaciones practicadas, ya que no le habría permitido a las personas defenderse, que es un derecho establecido en la Constitución.
La Fiscalía ya acusó a cuatro jueces más, que fueron renunciando o fueron sacados del cargo. Están Carmen Analía Cibils, Víctor Nilo Rodríguez, Nathalia Garcete y Lilian González de Bristot.
- Gustavo Villalba será el quinto juez en enfrentar un proceso por supuestamente formar parte de la mafia de pagarés. Sus cuatro colegas ya no son jueces.
Comisión aprueba modificaciones de Diputados
La Comisión Especial de Investigación sobre la trama delictiva conocida como la “mafia de los pagarés” del Senado dictaminó ayer a favor de aprobar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados al proyecto de ley que obliga a la “devolución estricta de estos documentos al saldarse una deuda”.
Seguidamente, la comisión presidida por el senador Rafael Filizzola resolvió postergar el análisis sobre las “notificaciones electrónicas judiciales” para profundizar su estudio.
El proyecto de ley busca solucionar uno de los esquemas de estafa más recurrentes detectados por la mesa de investigación, el cobro irregular o duplicado mediante la retención indebida de pagarés ya cancelados.
La comisión parlamentaria aceptó los cambios impulsados por la Cámara de Diputados, los cuales establecen la entrega obligatoria del pagaré tras la extinción de la obligación y un régimen de sanciones para los infractores.
El asesor jurídico de la comisión, Francisco Segura, explicó que la versión de Senadores aborda el problema pero presentaba ciertas falencias técnicas en el primer artículo. Según el profesional, la versión adaptada por Diputados resulta más precisa al exigir la devolución directamente al portador legítimo del documento.
“Al que es exigible devolver el pagaré es al portador del pagaré, por lo cual no está mal garantizar de que si yo pago al portador legítimo me lo devuelva y se le sanciona si no lo hace, por lo que a mi juicio sería mejor optar por la modificación de Diputados”, señaló Segura.
En cuanto al segundo proyecto planteado a estudio, que trata las “notificaciones y gestiones electrónicas en los procesos judiciales”, la comisión decidió no apresurar su dictamen.
Durante la reunión, se resolvió solicitar un plazo de 15 días adicionales para profundizar en el estudio y requerir al mismo tiempo, un informe técnico detallado al Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), con el fin de evitar vacíos jurídicos o indefensión de los ciudadanos ante notificaciones judiciales automáticas, esto, a pedido de la senadora Lizarella Valiente.
Filizzola refirió que hasta la fecha la Comisión Especial tiene registrados más de 10.000 casos documentados.
“Esta cifra representa solo una fracción del problema, ya que no contempla las causas tramitadas por el Ministerio de la Defensa Pública, ni del Ministerio Público”, indicó Filizzola.
