La ex funcionaria cuenta su historia, pero lo hace con mucha dificultad, ya que dos ACV en el trabajo no le permiten comunicarse ni caminar adecuadamente, incluso, ya cuenta con su carnet de discapacidad del 49%, todo, por las persecuciones que habría sufrido en la misma institución.
El caso se inicia en el 2018, cuando la trabajadora dice haberse negado de manera tajante a falsificar firmas en documentos oficiales y aguantar que la hija de la entonces oficial registral, Lis Leguizamón, firmara planillas institucionales de asistencia sin ser funcionaria.
Ella denunció el hecho e intervino la entonces ministra de Justicia, Cecilia Pérez. Desde entonces, empeoró la situación, las agresiones verbales e intimidaciones no pararon y expresamente la amenazaron que habría consecuencias, según refiere.
La denuncia dice que “cuando ella se negó a avalar expedientes irregulares y firmar planillas con firmas adulteradas de superiores, empezaron a montarle trampas para acorralarla”.
Denunció irregularidades y asegura que desde entonces comenzaron las represalias
Para el 2023, ella cuenta que la persecución se habría intensificado cuando comenzó en su contra una supuesta investigación interna, pero sin que ella pueda defenderse.
La Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción del Ministerio de Justicia sacó un dictamen el 12 de setiembre del 2023, ante la denuncia de una abuela que no conseguía retirar el certificado de nacimiento de su nieta, por no tener la autorización de los padres, que estaban en el extranjero.
La denuncia contra ella es que a la salida del Registro Civil apareció un gestor, quien logró sacar rápidamente el certificado y cobró G. 80.000.
Ella denunció que el gestor “solo hizo su trabajo”, pero que la funcionaria que expidió, lo hizo sin ninguna autorización.
La empleada denuncia que en ese entonces fue sometida a largos interrogatorios, siempre bajo presión psicológica. Ella, en su declaración, contó que siguió la orden de su superior y que siempre acatan.
“Me encerraron casi tres horas en una sala para obligarme a admitir cosas que no hice, que yo recibía coimas de gestores. Me levanté mareada, pedí salir y al cruzar la puerta al pasillo, colapsé”, relata la víctima.
El estrés y las presiones provocaron que el 27 de junio del 2023, la funcionaria sufriera su primer accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, en el propio lugar de trabajo, que le dejó una secuela en el habla y en su movilidad. “Eso fue consecuencia directa del ambiente laboral hostil al que he sido sometida”, expresa la mujer.
Antes de que todo eso pasara, ella relata que un jefe de área utilizó de forma extorsiva dicha investigación secreta para acosarla sexualmente, presionándola supuestamente a que cediera, a cambio de conservar su trabajo.
La mujer hizo la denuncia por acoso sexual ante la Fiscalía Barrial N° 1 en 2023, de acuerdo con la documentación. Igualmente puso a conocimiento de esto al área de Talentos Humanos del Registro Civil, pero ella comenta que hicieron caso omiso y que la investigación penal no tuvo ni diligencias mínimas.
“Me encerraron casi tres horas en una sala para obligarme a admitir cosas que no hice, que yo recibía coimas de gestores. Me levanté mareada, pedí salir y al cruzar la puerta al pasillo colapsé.”
Denuncia “vaciamiento de funciones”
Al asumir la nueva administración en el 2025, con el seccionalero Maximiliano Luis Ayala Penayo como director general en el Registro Civil, la persecución se habría intensificado.
Ya para entonces, Lis Leguizamón fue promovida a directora de Oficinas Registrales, quien le aplicó a la funcionaria un “vaciamiento de funciones”, reclama la mujer. Además, los contratos de ser anuales, pasaron a ser mensuales, generando mayor incertidumbre y presiones.
¿Cómo pasó esto? Ella cuenta que le retiraron sellos, los insumos de trabajo y la computadora. Fue obligada a cumplir su jornada laboral sentada en los depósitos o en la cocina.
Ante su denuncia, se activó el protocolo de violencia laboral del Ministerio de Justicia que tras el trámite aplicado no concluyó con hallazgos relevantes. Entonces, recurrió ante el Ministerio de la Mujer y el Viceministerio de Capital Humano, que emitió el informe técnico N° 46/2026, confirmando que se violaron los protocolos de violencia laboral y que se desatendió de forma grave el estado de salud de la trabajadora. También de la primera dependencia citada.
Incluso, le exigieron un certificado que garantizara que “nunca más volvería a tener un ACV”, según ella misma relata.
De igual manera, eso no ayudó mucho. Lo más grave fue lo que pasó ya en este 2026. La mujer denuncia que se negó a cumplir las exigencias proselitistas que debían cumplir otros contratados en las campañas partidarias internas.
Acá, explica ella que fue para la precandidatura en su momento de Constantino Tino Ayala, hermano de Maximiliano Ayala (para concejal de la Municipalidad de Asunción) y Camilo Pérez (para la Intendencia de Asunción).
Incluso, habría presión del director general de trasladarse a la seccional presidida por él mismo. Tras negarse en febrero de 2026 a firmar un documento, ante la presión, a ella le dio un segundo ACV, que comprometió gravemente su movilidad física. Todo esto en su lugar de trabajo.
No le renovaron su contrato
El 6 de julio de 2026, finalmente a ella le llega la notificación de no renovación de su contrato. Fueron hasta su casa, cuenta ella, para intimarla a firmar el documento, bajo amenazas.
Con su desvinculación, el Estado le terminó retirando el seguro médico y ahora quedó sin cobertura para sus tratamientos por hipertensión severa, crisis convulsivas y una discapacidad neurológica y motriz del 49%, que no afectan su capacidad cognitiva.
Ella presentó entonces un amparo constitucional, pero le fue denegado. También recurrió a la Cámara de Senadores. Ahora tiene previsto presentar una demanda en lo contencioso-administrativo ante el Tribunal de Cuentas. Para ello solicitó formalmente acceder a su legajo y esto no le fue entregado.
Versión del director del Registro Civil
El director Maximiliano Ayala dio su versión a ÚH. “Cuándo hablamos de vinculación, no es cierto. El tema de la campaña proselitista y todo eso es totalmente mentira. Es 100% falso, nunca ningún funcionario del Registro Civil fue solicitado para acompañar ningún proyecto político”, expresa.
Se refiere al dictamen del 2023 en contra de la funcionaria, donde se recomienda su desvinculación “por estar involucrada en hechos de corrupción, específicamente cobro indebido, coima, entre otras cosas”, citó y dijo que ella siempre pudo defenderse.
Ante la consulta del porqué no se hizo la denuncia ante la Fiscalía, Maximiliano Ayala dice que eso se va a derivar ahora a los organismos jurisdiccionales y si cabe, a la Fiscalía; es decir, tres años después.
“De ninguna manera existe ningún hecho de persecución. Todo esto está documentado. Hay un dictamen del 2025 que recomienda nuevamente la no renovación del contrato”.
Continúa diciendo que era imposible que ella haya firmado actas y que ella se encontraba cumpliendo funciones en el ámbito administrativo.
“De ninguna manera existe ningún hecho de persecución. Todo esto está documentado. Hay un dictamen del 2025 que recomienda nuevamente la no renovación del contrato, sumándose al dictamen del 2023, porque la persona presumiblemente habría incurrido en otro hecho irregular”, explica.
Él niega que la funcionaria haya tenido un nuevo ACV en la institución en el 2026.
“Esta administración que hoy está en el Registro Civil, lo único que busca es la transparencia y la buena prestación de servicios a la ciudadanía. Acá pretender instalar o decir que esto fue una persecución es faltar la verdad”, finaliza, presentando documentos.
