El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, criticó la actuación del juez Osmar Legal, quien denunció ante la Fiscalía presuntos actos de corrupción pública a partir del contenido del celular del fallecido diputado Eulalio Lalo Gomes.
El magistrado Legal fue quien dio la orden judicial para el allanamiento a la vivienda del legislador, que resultó en su confusa muerte y en la incautación del celular, el cual proporciono los indicios de corrupción pública.
“Aquí tenemos un problema fundamental entre los actos de investigación y los actos propiamente de contenido jurisdiccional: Los anticipos jurisdiccionales de prueba. Hay una práctica nefasta de los jueces de disponer lo que la Fiscalía tiene tienen que hacer”, expresó Emiliano Rolón.
El magistrado intervino en el caso Gomes y ordenó el anticipo jurisdiccional de prueba, cuando los fiscales del caso debían recurrir a esa vía.
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“La cadena de custodio perdió el Ministerio Público desde el mismo día en que se le entregó al Poder Judicial. El único órgano que debe direccionar la investigación y la preparación del caso es la Fiscalía, el Poder Judicial no puede inmiscuirse en los actos de investigación”, sostuvo.
Para Rolón Fernández, Legal se inmiscuyó en la investigación que debió estar a cargo del Ministerio Público.
“El juez Legal ordena el anticipo jurisdiccional de prueba y rescata el aparato, que no tuvo intervención. Anuncia previamente todo lo que contiene a través de los medios. Seamos francos”, cuestionó.
Rolón indicó que Segovia aceptó la responsabilidad de aceptar el anticipo de prueba y “se apropió del celular sin que nosotros tengamos la posibilidad de ejercer los actos de investigación”, remarcó.
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A la salida del los estudios de Monumental 1080 AM, Rolón insistió en su premisa: “El juez no puede inmiscuirse en los actos de investigación y el fiscal no puede dictar los actos jurisdiccionales”, respondió ante la consulta de la periodista de Última Hora, Liz Acosta.
La cabeza del Ministerio Público evitó dar “elementos de juicios” sobre el manejo de los indicios del presunto esquema de corrupción pública.
“En este caso se puede examinar las actitudes asumidas y la Fiscalía no tuvo esa evidencia en poder. Lo llevó el juez y recién ahora tiene luz propia”, precisó.
