A través de su cuenta de Twitter, la eurodiputada socialista Mónica Silvana González manifestó al diputado y líder de la bancada del Movimiento Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, que “la educación es la mejor herramienta para combatir pobreza y conseguir igualdad”.
Además, sostuvo que “solo ignorancia o mala fe puede negarse a un convenio educativo con la Unión Europea para niños y niñas”.
La cooperación es cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, además de grupos de padres y religiosos del Paraguay, por considerar que su contenido condiciona la entrega de los fondos a la instalación de ejes transversales como el enfoque de derecho y la inclusión, que, a su vez, están basados en criterios y conceptos de la polémica ideología de genero, según explican los detractores.
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La eurodiputada socialista afirmó que llevan más de 30 años de Cooperación Desarrollo y que Paraguay es el segundo país que más fondos recibe, solo en educación más de 85 millones de euros. Asegura que no interfiere en el contenido de ninguna ley y que “quieren seguir siendo útiles para combatir la desigualdad”.
“No entiendo la postura de Diputados al derogar y cancelar un convenio de más de 59 millones de euros para la transformación educativa, imprescindible para formar jóvenes libre pensadores y una sociedad competitiva”, concluyó.
Durante la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados del miércoles pasado, legisladores de distintas bancadas dieron media sanción al proyecto que deroga la vigencia de la Ley que aprueba el convenio de financiación entre la Unión Europea (UE) y la República del Paraguay para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay y sus anexos.
Con el total de 63 votos a favor y uno en contra, el documento ahora es remitido a la Cámara de Senadores. Antes de la votación, parte de la oposición se retiró de la sesión.
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La aprobación de la derogación se dio tras una audiencia pública donde autoridades y representantes de la sociedad civil pidieron dejar sin efecto la normativa, pese a que el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) aseguró que dichos fondos no se utilizan para el Plan Nacional de Transformación Educativa (PNTE), que es resistido por grupos de padres, provida y organizaciones civiles, por supuestamente implementar la ideología de género.
El proyecto fue aprobado tras el estudio de un dictamen favorable de la Comisión de Equidad Social y Género de Diputados, que argumenta que el proyecto de Transformación Educativa fue rechazado desde un principio por la ciudadanía por diversos motivos.
El líder de la bancada colorada cartista Basilio Bachi Núñez señaló que su postura es a favor de la derogación “en defensa de los niños, niñas, padres, madres y las familias. El todes no tiene cabida en la República del Paraguay”, apuntó.
Por su parte, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez calificó de “lamentable” el hecho y aseguró que los diputados fueron presionados en tiempos electorales y que nada tiene que ver la cooperación de la Unión Europea con el proceso de Transformación Educativa.
También reiteró que defenderá a la familia y que no se va a introducir ningún material sobre ideología de género en el Ministerio de Educación. Sin embargo, ratificó la importancia de la ayuda del bloque europeo y adelantó su veto al proyecto en caso de ser aprobado en el Legislativo.
¿Qué implica el convenio?
Días pasados, tres senadores plantearon la suspensión de la Ley 6659/20, mientras que unos 30 diputados presentaron el proyecto para su derogación.
Se trata de un convenio con el cual se recibe una cooperación financiera de 38 millones de euros no reembolsables por parte de la Unión Europea, de los cuales ya se ejecutaron 5 millones de euros y la suma comprometida para el 2023 son 8 millones de euros.
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De acuerdo con representantes del MEC, ese dinero se destina a kits escolares, alimentación, infraestructura, textos educativos, mientras que el fondo que aún no fue ejecutado también está presupuestado para lo mismo.
La especialista Euge Peroni, ex directora del proyecto Paraguay Educa, advirtió que si se suspende la vigencia del convenio con la UE, algunas escuelas públicas corren el riesgo de quedar sin almuerzo escolar, útiles o la posibilidad de reparaciones en caso de emergencia.
En tanto, los que cuestionan la citada normativa afirman que la ley 6659/20 que contiene el Enfoque de Derechos implica “la estatización del ámbito más sagrado y privado del ciudadano, la familia, viola el Derecho Natural, la Constitución Nacional, el Código Civil y el Código de la Niñez y Adolescencia en cuanto a la patria potestad de los padres, las capacidades civiles de las personas y los principios de mínima intervención y subsidiariedad del Estado.
