La competitividad de Paraguay a menudo se ve en términos del modelo 10-10-10. Pero incluso si fuera atractivo, este esquema fiscal, aunque nominal, es un espejismo ya que la debilidad institucional se convierte en un multiplicador negativo.
El capital global no busca ahorros fiscales, busca un ecosistema en el que la rentabilidad sea el resultado de sistemas eficientes en lugar de autogestionados en ausencia de un Estado eficiente.
Cuando los inversores perciben que las reglas son flexibles, la burocracia una barrera y los servicios básicos (justicia, educación y salud) insuficientes, la tasa impositiva se vuelve secundaria.
En Paraguay, esta realidad se traduce en tres grandes costos que anulan cualquier incentivo: El “impuesto privado” sobre la logística. Como país sin litoral, las empresas tienen que pagar costos enormes por la infraestructura pública (malas condiciones de las carreteras y suministro eléctrico intermitente). Con el Estado ausente, comprar generadores industriales o equipos logísticos, es una imposición privada, al igual que la diferencia porcentual en las tarifas con los países vecinos.
La inseguridad jurídica como un factor decisivo: La certeza de que se respetarán los derechos es el activo más valioso para cualquier inversor serio. La seguridad jurídica no es solo tener leyes escritas, sino tener un sistema judicial que pueda resolver conflictos de manera oportuna. Una disputa contractual que se prolonga en la burocracia durante años es un riesgo financiero que ningún incentivo fiscal puede compensar. El Estado debe garantizar la seguridad en el sentido más amplio (la vida, los derechos y la propiedad).
Mientras la institucionalidad sea frágil, la inversión extranjera directa a largo plazo, que proporciona buenos empleos, conduce a la transferencia tecnológica y transforma el país, seguirá siendo una excepción.
La verdadera competitividad de Paraguay necesita construirse desde una burocracia competente, con instituciones que funcionen adecuadamente, infraestructura de calidad y servicios públicos eficientes. ¡Es lo mismo que reclama el inversor y el ciudadano paraguayo!
