La accionante reclamó la suma de G. 2.958 millones al Estado paraguayo en su acción promovida el 22 de julio del 2019, a través del abogado Jorge Bogarín González, actual presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral.
Esto, en concepto de daño directo, daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, daño moral y psicológico, tras ser acusada de homicidio doloso en perjuicio de su esposo, por lo que estuvo presa 3 años, 6 meses y 20 días, según la demanda.
La mujer estuvo presa desde la madrugada del 7 de febrero del 2011, cuando ocurrieron los hechos, hasta el 27 de agosto del 2014, cuando fue absuelta por duda, por el Tribunal de Sentencia.
La habían acusado de matar a su esposo, Huber Martínez Villasboa, a quien en reiteradas ocasiones denunció por violencia doméstica. Pese a la orden de alejamiento, el marido de Lucía Sandoval fue hasta la vivienda y, en medio de una pelea, recibió un disparo del arma de fuego que él mismo llevó, lo que le causó la muerte en la madrugada.
A raíz de la privación de libertad, perdió sus bienes, casa y vehículo, a sus hijos, lo que le produjo además daños psicológicos, no solo a ella, sino también a sus hijos. Incluso, señala que su hija fue instrumentalizada por la Fiscalía para acusarla del hecho.
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Según explica, durante su reclusión, según la acción, presenció y vivió varios amotinamientos graves, el último, en el traslado de Carmen Villalba, quien estaba en su mismo sector. Ese día, la obligaron a salir al patio por los policías antidisturbios, donde se arrodilló en círculos con otras internas, con una temperatura de 5ºC.
En su acción, hace una dura crítica al caso, a la representante del Ministerio Público que hizo declarar a su propia hija para acusarla, y que con las pruebas científicas, se probó su inocencia, por lo que finalmente fue absuelta, lo que fue ratificado por el Tribunal de Apelación y por la propia Corte.
A raíz de ello, pide indemnización por los daños directos que sufrió, por G. 508 millones, como daño emergente, G. 220 millones; lucro cesante, G. 1.350 millones, pérdida de chance, G. 900 millones, en total de G. 2.958 millones, más el daño moral y psicológico.
Pidió el rechazo
Por su parte, la Procuraduría General de la República, entonces a cargo de Sergio Coscia, alega que el motivo de la absolución de la accionante fue por duda razonable, y que no se pudo descartar ni acreditar con certeza la autoría o participación de Lucía Sandoval Escobar en los hechos que se le atribuyeron. Con ello, solicitó el rechazo de la acción.
Según la jueza, de la lectura de la resolución surge que el Tribunal decidió la absolución de la Sandoval en concordancia con lo dispuesto en el artículo 5 del CPP. Esta disposición legal establece que en caso de duda los jueces decidirán siempre lo que sea más favorable para el imputado.
Sin embargo, señaló que “el punto relevante es que la falta de condena hace que una persona sea inocente. Este Juzgado considera que al no haber condena, el estado de inocencia adquiere relevancia y no puede la persona absuelta ser discriminada por la forma en que se dictó el fallo penal (no corresponde distinguir entre la absolución por duda e inocencia plena)”.
Con ello, tras dar más argumentos, la jueza determinó que el monto de la indemnización sea de G. 616 millones a favor de la accionante.
