El negocio de las drogas se supera a sí mismo cada vez más. En Curuguaty, decomisaron casi noventa mil kilos de marihuana prensada y pasearon por 120 kilómetros pasando por 11 comisarías, sin dar parte del operativo de la Senad a policías y menos a los fiscales. El titular antidrogas no cree en ellos y se burla de su complicidad con los narcos. El ministro Riera le responde que en un operativo reciente fueron los policías los que capturaron una tonelada de cocaína en el aeropuerto internacional afirmando que hasta los perros de la Senad hicieron brazos caídos, en esa ocasión. Ni decir del allanamiento de la casa del diputado Lalo Gomes en Pedro Juan Caballero que acabó con su vida y un corte con la cooperación de la DEA. La Fiscalía es solo un papel de adorno en este juego y los jueces parte de una comparsa en decadencia. Las noventa toneladas capturadas constituyen un retrato de cuán incapaz es la fuerza de seguridad para enfrentar al crimen organizado. No es que ella haya llegado a la cima del poder político, es que los que deben luchar contra todo eso han capitulado de su misión al punto de que un comisario de alto rango dejó sus documentos con los narcos no sabemos en qué concepto ni razón en el operativo. Un gran fiasco y una muestra de que esta guerra está pérdida.
La marihuana constituye un gran renglón económico en el país del más alto consumo de drogas per cápita: Los EEUU. Varios Estados de la unión lo comercializan a cielo abierto y aquí deberíamos preguntarnos por qué no la legalizamos y les vendemos con tarifas altas incluidas. Ni Trump en su campaña de recuperación de “valores occidentales” se ha animado a sacar una orden ejecutiva para que acabe el negocio. Dicen que producimos una de las mejores marihuanas del mundo, pero en manos de narcotraficantes y sicarios han logrado pudrir por completo a policías, militares, fiscales, jueces y políticos. Forman una alianza que crece en capacidad de fuerza que en nada temen los ataques del Ejército americano contra una balsa y sus ocupantes en aguas del Caribe. Ahí son unas bolsas supuestas de drogas, aquí fueron 90 mil kilos reales cuyo valor de mercado supera los 13 millones de dólares. Es para creerle a Riera cuando dice que el Estado ha capitulado contra el crimen organizado y que lo único que le queda es reprimir a campesinos invasores de estancias de narcos en San Pedro.
El cultivo de extensos campos de marihuana en la zona de Brítez Cué es una historia de larga data. En la región había una madrina del norte, pieza capital del ajedrez político del poder actual. En el Senado, un socio de Marset se apartó esta semana de Honor Colorado porque ya quiere dejar de ser preso sambuku y no le están ayudando a zafar de la débil Justicia que tenemos. La que se reúne dicen, en la residencia presidencial, con nortunidad y alevosía con Peña y Cartes. No les molesta su notable incapacidad para perseguir a los delincuentes del crimen organizado, sino salvar sus cabezas del escándalo de la mafia de los pagarés que los tiene cercados. Los casos de jueces y fiscales al servicio de los narcos lo registraron muy bien al abatido Lalo Gomes y su hijo en conversaciones llenas de muestras de complicidad, camaradería y solidaridad entre políticos, jueces y fiscales al servicio del crimen organizado. Hubo toneladas de evidencias que nunca ni el Ministerio Público ni la Justicia avanzaron en nada y la Senad –donde el 80% de sus agentes están relacionados con la corrupción según su ex titular Rojas– no es informada del allanamiento a Gomes para no poner en alerta a los investigados. Nadie cree en nadie. Este es el cuadro de situación que vivimos y se espera tontamente que los policías de las 11 comisarías metan sus narices para parar la caravana del narco cuyo destino no era Caacupé, sino la frontera con Brasil.
Esta es una guerra pérdida. Lo asumen los propios encargados de librarla. Así como van las cosas los sexagenarios, como en los tiempos de los nazis, deberán identificarse con un ñandutí cuando superan los 60 años, quizás una hoja de marihuana debe agregarse a los símbolos identitarios de policías, jueces, fiscales y agentes antidrogas. Aunque parezca desprecio, servirá para asumir una realidad que en las acusaciones mutuas han quedado plenamente confirmadas.
Hay 90 toneladas y muchas más que nunca se sabrán dónde se plantan, quiénes las procesan y menos sus comercializadores.
Hay que asumir la realidad. Hemos perdido la guerra contra las drogas y solo queda legalizar la marihuana.
