13 jul 2026

Esposa de Wilfrido Cáceres irá a juicio oral por supuesto lavado de dinero

El juez Rodrigo Estigarribia elevó esta mañana a juicio oral la causa contra Ruth Da Silva, esposa de Wilfrido Cáceres, su secretaria Camila Ramírez y la madre de esta, Elvira Gómez. Todas ellas fueron acusadas por supuesto lavado de dinero. En la misma causa, su esposo, ex jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, será enjuiciado por presunto enriquecimiento ilícito.

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A juicio oral. El juez Rodrigo Estigarribia elevó a juicio el caso contra la esposa de Wilfrido Cáceres y las demás coprocesadas.

Foto: Gentileza.

La preliminar siguió esta mañana ante el magistrado de Delitos Económicos, en contra de las procesadas, quienes fueron a audiencia luego de que se haya hecho contra el ex hombre de confianza del ex intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez.

El fiscal Luis Piñánez contestó los incidentes promovidos por las defensas. En el caso, las acusadas habían requerido la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento, o, en su caso, el procedimiento abreviado.

La defensa de las procesadas había ofrecido la reparación total del supuesto daño ocasionado a la Municipalidad, que hablaba de que no se podía justificar la suma de G. 7.700 millones entre el 2013 y el 2023.

Sin embargo, el agente del Ministerio Público se mantuvo en su acusación, con lo que finalmente el juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, admitió la acusación fiscal y elevó la causa a juicio oral.

Lea más: Wilfrido Cáceres, ex jefe de Gabinete de Nenecho, irá a juicio oral por enriquecimiento

Las mismas están acusadas por supuesto lavado de activos, conjuntamente con Wilfrido Cáceres, quien deberá afrontar juicio oral por supuesto enriquecimiento ilícito.

En la preliminar, el mismo Cáceres hizo de abogado de su esposa, Ruth Da Silva, y requirió que se le aplicara la salida procesal de suspensión condicional del procedimiento o el procedimiento abreviado.

Supuestamente el matrimonio de Cáceres-Da Silva comenzó la compra de inmuebles en San Lorenzo y Ñemby, donde edificaron las propiedades. Además, también comenzaron tres terrenos en Piribebuy, departamento de Cordillera.

A estos se sumaron vehículos, equipamientos mobiliarios, los cuales fueron ocultados del patrimonio conyugal, para evitar su detección y comiso, a sabiendas de su calidad de funcionario público, según señala la acusación.

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