La agente fiscal Marlene González, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, junto con funcionarios fiscales, llevó adelante una entrega vigilada en el marco de la investigación del presunto hecho punible de cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias, que involucraría a un funcionario del Ministerio Público y a un abogado defensor.
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La orden de allanamiento fue solicitada en atención a las investigaciones iniciadas, por lo cual fueron intervenidas las oficinas de un estudio jurídico, ubicado Coronel Oviedo. La operación tuvo como resultado la detención de un abogado tras una entrega vigilada de G. 30 millones.
De acuerdo a datos preliminares, el monto de dinero correspondería a una distribución en el caso María Fernanda, adolescente asesinada brutalmente en julio de este año.
La denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción fue formulada por Franco Acosta, responsable de la farmacia donde se habrían proporcionado medicamentos abortivos prohibidos al presunto autor de la violenta muerte de la joven. Franco Acosta es uno de los imputados con prisión domiciliaria.
El estudio jurídico allanado pertenece al abogado Juan Carlos Bedoya (hijo), quien fue detenido y llevado hasta la capital.
La víctima señaló un supuesto pedido indebido de sumas de dinero por parte de un funcionario del Ministerio Público y un abogado defensor, quien actúa de intermediario, con el fin de beneficiarlo con una salida procesal menos gravosa en una causa penal donde se encuentra imputado y actualmente acusado.
