Tras analizar la acusación y los incidentes presentados por las partes, el juez Humberto Otazú admitió la acusación por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, presentada por el fiscal Silvio Corbeta y elevó la causa a juicio oral y público.
Con ello, irán a juicio oral, el ya citado ex jefe comunal Miguel Prieto y Francisco Arrúa, por supuestos hechos de lesión de confianza y asociación criminal.
Además, enfrentarán juzgamiento público, Maggi Fariña, Sebastián Insfrán, José Cáceres, Julián Benítez, Higinio Acuña, Cirle Alcaraz, Nelson Segovia, Fermín Ávalos y Emily Florentín, por lesión de confianza, en grado de complicidad y asociación criminal como coautores.
Asimismo, el magistrado hizo lugar al pedido de aplicación de medidas alternativas a la prisión para los procesados, entre ellos, la prohibición de salida del país, y la comparecencia mensual, de modo que queden sujetos al proceso.
El fiscal Corbeta había requerido la aplicación de medidas cautelares en contra de los procesados, teniendo en cuenta su comportamiento procesal. Para Prieto, incluso solicitó la prohibición de acercarse a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Según la acusación fiscal, los acusados participaron del presunto negociado en la compra de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia que habría ocasionado un perjuicio patrimonial a la institución de G. 2.130.036.160.
La acusación señala que se determinaron inconsistencias en las facturas, ya que las compras de los kits fueron hechas luego de las fechas de recepción que figuran en la documentación de la Municipalidad.
De esta manera, la Fiscalía concluyó que la empresa que fue adjudicada no contaba con los productos al momento de ser adjudicada. Además, se señala que se ejecutó la adjudicación de forma indebida por la vía de la excepción, cuando la compra de los alimentos no era urgente.
El juez rechazó la mayoría de los incidentes planteados por las defensas de las partes, y admitió las pruebas que presentaron. Con ello, elevó el caso a juicio oral y público.
