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Escrachan a fiscal por supuesta inacción tras denuncia de amenaza de muerte

Un grupo de personas se manifestó frente a la Fiscalía de Curuguaty para exigir al fiscal Lucrecio Cabrera que intervenga en una denuncia de supuesta invasión de propiedad y amenaza de muerte a una mujer y sus hijos.

Los vecinos se manifestaron en la mañana de este viernes frente a la sede del Ministerio Público de Curuguaty, donde exigieron a Lucrecio Cabrera que intervenga en el caso de supuesta invasión y amenaza de muerte, ya que, caso contrario, lo responsabilizarán de cualquier hecho violento que pueda registrarse.

El caso involucra a la supuesta dueña de una propiedad, una mujer cuyo esposo se encuentra en prisión por un caso de supuesta violación, y sus hijos.

Hace dos meses que los familiares del procesado ocuparon una parte del inmueble –de ocho hectáreas– bajo el argumento de que compraron el inmueble unos años atrás, pero sin exhibir documentos de la transacción.

Los vecinos de zonas de Paso Real y Siete Montes temen que la situación empeore y se registre un crimen, debido a que los ocupantes supuestamente amenazaron a la mujer, según un video con el que cuentan los manifestantes.

Por su parte, Cabrera dijo que no puede intervenir directamente, ya que ninguna de las partes cuenta con el título de propiedad, aunque se comprometió a constituirse en el lugar, pero recién la próxima semana, argumentando una recarga de trabajo.

Sobre la amenaza, dijo que el proceso debe encaminarse por otras vías y que la Fiscalía no tiene participación. La mujer tiene seis hijos, además de su sobrino, fruto del incesto, y sobrevive gracias a la ayuda solidaria de los vecinos.

Los manifestantes lamentaron la determinación del representante del Ministerio Público, por lo que decidieron repudiarlo durante esta jornada. La denuncia fue presentada en tiempo y forma en su unidad, según argumentaron.

Asimismo, la mujer cuenta con un certificado de ocupación expedido por el Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), pero el fiscal sostiene que se debe plantear un interdicto para retener la posesión, de manera que un juez en lo civil resuelva la titularidad y recién ahí, en caso de incumplimiento, se daría intervención al Ministerio Público.

Finalmente, los manifestantes recurrieron al Ministerio de la Defensa Pública, donde la defensora Ruth Contreras se comprometió a dar curso al recurso planteado ante el Juzgado en lo Civil de Curuguaty.

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