15 sept. 2024

Equipos de escuchas de la Senad: Fiscal apela sentencia que absuelve a tres acusados

Desde el Ministerio Público presentaron una apelación especial para solicitar anular o revocar la sentencia que absuelve a tres acusados por la compra irregular de equipos de escuchas telefónicas en 2012 y 2015 por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).

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Acusados ante los tribunales por el caso de compra irregular de equipos de escuchas telefónicas de la Senad.

Archivo

El recurso de apelación fue presentado por el fiscal Luis Piñánez este viernes en el marco de la misma causa que habían sido condenados en 2022 el ex ministro del Interior Francisco De Vargas y al ex titular de la Senad Luis Rojas, informó la periodista de Última Hora, Liz Acosta.

El 13 de junio pasado fueron otros tres acusados: Alberto Ferreira Martí, Hugo Danilo González y Silvia Jara Acha, quienes fueron coordinadores de la Unidad Operativa de Contrataciones durante la administración de Vargas y Rojas.

El ex ministro del Interior también estuvo previamente al frente de la Senad.

Nota relacionada: Tres absueltos por compra irregular de equipos de escuchas telefónicas

El Ministerio Público argumentó en su apelación que la sentencia presenta vicios, errónea aplicación de normas penales sustantivas y la presencia de defectos del procedimiento por aplicación errónea de la ley procesal.

Resaltó que la Fiscalía ofreció más de 300 pruebas documentales en el caso y cuestionó que al momento de la valoración al respecto, el tribunal se haya referido solamente a “algunas pruebas”.

Lea más: Imputan a De Vargas y Rojas por la compra irregular de equipos

El Tribunal de Sentencia estuvo conformado por los jueces Victoria Ortiz, en la presidencia; Lourdes Garcete y Ubaldo Garcete Piris.

José de Vargas fue condenado a 3 años de carcel y Luis Alberto Rojas a 4 años y 6 meses de prisión respectivamente, por compra irregular de equipos de escucha telefónicas en la Senad, que ocasionó un perjuicio de G. 10.000 millones.

Fue caso de sobrefacturación en la adquisición de dispositivos de sistema de rastreo sensitivo móvil y de comunicación, comprados en los años 2012 y 2015.

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