El Departamento de Estado de los Estados Unidos presentó este martes el resultado de su informe sobre las prácticas de derechos humanos en el 2024 en Paraguay, con especial énfasis en la libertad de expresión.
En el documento abordan varios puntos que se engloban en tres secciones: Vida, Libertad y Seguridad de la Persona. En total, son 11 páginas las que describen que la situación no registró progresos significativos durante el último año.
Según el documento, la libertad de expresión y prensa experimentó un retroceso en el gobierno de Santiago Peña, cuya gestión inicia su tercer año con una imagen reprobada por más del 50% de la opinión pública encuestada por la consultora argentina CB.
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Hubo varios casos en los que actores políticos utilizaron amenazas e intimidación para restringir la libertad de expresión y de prensa para silenciar a sus oponentes.
Para ilustrar las graves restricciones en materia de libertad de expresión y prensa, cita la creación de la Comisión Bicameral de Investigación, más conocida como comisión garrote, conformada por integrantes del partido gobernante y aliados, y la aplicación o la amenaza de leyes penales o civiles para limitar la expresión.
“Este utilizó la comisión para intimidar a los críticos con falsas acusaciones y amenazas de medidas legislativas con importantes sanciones”, describe.
Las prácticas de la comisión –liderada por el liberocartista Dionisio Amarilla– no pasaron desapercibidas en el informe; entre ellas la de exigir información detallada a organizaciones que realizaban proyectos con fondos internacionales y la filtración de datos de periodistas y activistas como presentación de falsas evidencias de corrupción.
El documento señala que la comisión acusó a las organizaciones no gubernamentales (ONG) de irregularidades en coordinación con medios de comunicación afiliados al partido de gobierno.
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“El Congreso también promulgó una ley que codificó el control gubernamental sobre la sociedad civil. Algunos actores políticos amenazaron públicamente con procesar a periodistas por informar sobre abusos de poder y corrupción por parte de funcionarios gubernamentales”, resalta el reporte.
Dicho informe incluye casos de censura orquestadas por algunas autoridades que usaron leyes que prohíben la difamación, la calumnia y la injuria para restringir el debate público o tomar represalias contra periodistas, medios de comunicación o propietarios de medios.
Mientras que las “oenegés informaron que los grupos criminales intentaron coartar la libertad de expresión, incluida la de los miembros de la prensa, mediante amenazas de violencia y acoso, especialmente en las zonas fronterizas con Brasil”.
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Por otra parte, el informe muestra que entre el 1 de enero y 31 de agosto de 2024, la Unidad Especializada de Derechos Humanos del Ministerio Público abrió investigaciones sobre 124 denuncias de tortura y otros abusos contra los derechos humanos.
Sin embargo, no hubo condenas durante el año.
Gobierno de Trump omite varias secciones en informes de derechos humanos
La Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) publicó sobre las omisiones en los informes de derechos humanos del Departamento de Estado de los Estados Unidos “para ajustarse mejor a la ley”.
En el reporte del medio se afirmó que se eliminaron dos tercios del contenido de los informes que son tomados en cuenta por el Congreso de Estados Unidos para decisiones sobre ayuda exterior y venta de armas.
“A principios de este año, NPR obtuvo un memorando interno del Departamento de Estado que instruía a los empleados encargados de la edición de los informes a eliminar categorías completas de infracciones no explícitamente exigidas por la ley, incluyendo la violencia de género y la justicia ambiental”, informa el medio público norteamericano.
