28 jul. 2025

Enfermera se encadena por persecución tras revelar falencias: “Es un premio por denunciar”

Una enfermera se encadenó porque dice que sufre persecución por parte del Centro de Salud de San Antonio y la cartera sanitaria luego de que haya presentado denuncias por falencias en los servicios, tratos irregulares y disparidad. Alegó que fue trasladada a Ypané en represalia. “Avasallaron todos mis derechos”, lamentó. “Esto es un premio por denunciar”, ironizó el senador Salym Buzarquis (PLRA).

Avelina Garcia.jpeg

Avelina García se encadenó en protesta del traslado que considera una persecución laboral.

Fotos: Senadores.

Avelina García es licenciada en Enfermería con 15 años de antigüedad en el Centro de Salud de San Antonio y denuncia persecución por parte de las autoridades del establecimiento, luego de haber comunicado ciertas falencias en el sistema de atención del hospital, así como tratos irregulares y disparidad con el personal por parte de la directora, Cintia Ríos. Menciona al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y a la Undécima Región Sanitaria.

La profesional se encadenó como reclamo tras haber sido trasladada sin previo aviso de su lugar de trabajo al Centro de Salud de Ypané, el lunes pasado. Aseguró que se trata de una represalia después de las denuncias que realizó en un medio local, sobre las irregularidades del puesto de salud distrital tanto de cara a los pacientes como en cuestiones internas de las condiciones de trabajo.

“El lunes me llega por correo que fui trasladada al Centro de Salud de Ypané. Nunca me notificaron, nunca me preguntaron nada. Y yo quiero saber el motivo de mi traslado. ¿Dónde están mis derechos? No estamos en dictadura. No puede ser que porque conté las falencias que hay se tomen estas medidas. En menos de 24 horas, salió mi traslado. Por eso, hoy estoy encadenada en el centro de salud”, contó Avelina García en una conferencia de prensa a la que convocó el senador liberal Enrique Salym Buzarquis.

La licenciada también lamentó que pese a estar encadenada desde hace tres días. “Hasta hoy ninguna autoridad se acercó hasta mí. Nadie se fue a decirme, a preguntar. Somos olvidados los del personal de salud. Nunca fueron corroboradas nuestras denuncias. ¿Y qué fue lo que yo gané? Fui trasladada a otro lugar”, expresó.

Según explicó la afectada, la versión de la directora del Centro de Salud, Cintia Ríos, es que desde Ypané le solicitaron personal, ya que posteriormente se estaría inaugurando un área de cirugía. “Y me cedió a mí", ponderó. “Eso es lo que aduce, pero no tiene sentido su respuesta siendo que en San Antonio falta todo personal”, afirmó.

La enfermera, que recordó que su legajo es “impecable” y que no tiene ni investigación ni sumario, aseguró que “avasallaron todos mis derechos, por eso sigo encadenada”.

“Yo soy de San Antonio, por qué me van a sacar de mi ciudad. No me quiero ir a otro distrito”, reclamó.

Un “premio” por denunciar

Buzarquis, que llamó a la conferencia de prensa para denunciar el caso, mostró su apoyo a la profesional de la salud e ironizó con las supuestas represalias, al señalar que la trasladan “como premio, por tener el coraje de denunciar”.

Avelina García y Enrique Salym Buzarquis.jpeg

Enrique Salym Buzarquis dio su apoyo a la profesional afectada.

El legislador agregó que el caso de Avelina no es el único y que esto se trata de “un mensaje para todo el personal de blanco que se anime a denunciar lo que está mal en el sistema de salud”.

“Que la señora ministra (de Salud, María Teresa Barán) responda por qué le trasladaron. Si hay una necesidad, tiene que haber una razón, un fundamento. Pero no una represalia. Queremos que la ministra le reponga (a Avelina) a su lugar de trabajo, como corresponde jurídicamente, y en el caso de un traslado tiene que haber un fundamento”, insistió.

Las denuncias de Avelina

Avelina explicó que su traslado es parte de una persecución porque, entre oras cosas, denunció que la farmacia solo funciona de mañana y tarde, pero de noche y los fines de semana, permanece cerrada.

“Si te enfermás de noche o un fin de semana, podés consultar, pero los medicamentos tenés que retirar de otro nosocomio. El laboratorio, también. Solo se abre en el turno de la mañana. En fin de semana tampoco”.

También aseguró que el área de Radiología “desde el mes de octubre no está funcionando”. “Tenemos tres radiólogos, ahora estamos en julio, están ahí tres radiólogos que cobran cada fin de mes su salario, pero no sé qué función cumplen porque no están trabajando y no funciona Radiología”, afirmó.

Por otra parte, también incluyó en su listado de denuncias ciertas cuestiones de trato laboral. Dijo que el personal de enfermería no tiene un lugar de descanso ni tiene un cambiador. Y lamentó que “la cocina durante la noche se mantiene cerrada, la heladera se mantiene candadeada y solamente se mantiene abierta en el turno de la mañana porque está la directora”, Cintia Ríos.

Personal de blanco atemorizado

La licenciada comentó que como parte de su denuncia a nivel interno, quiso elaborar una nota para revelar dichas falencias, pero que pese al apoyo de sus compañeros, pocos se animaron a firmar la nota, por temor a represalias. “Los compañeros están con mucho temor y más ahora después de lo que me pasó a mí", indicó.

La nota fue presentada en la Undécima Región Sanitaria, de Central, pero no tuvo respuesta. “El viernes presentamos una nota al Ministerio, a la ministra, contándole estas falencias”, agregó. Al lunes siguiente, le notificaron su traslado.

Más contenido de esta sección
La fiscala Norma Salinas imputó a cuatro personas, entre ellas la funcionaria pública Anadelia Acosta Armoa, por los presuntos hechos de estafa, apropiación y lesión de confianza. Se trata del esquema que habría desviado las indemnizaciones de la ANDE destinadas a familias humildes.
El escribano que aparece en el poder que se utilizó para la apropiación de una indemnización de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) niega que haya legalizado el trámite y apunta a una falsificación.
La fiscala Norma Salinas llegó hasta la sede del Banco Nacional del Fomento (BNF) en Repatriación, con motivo de la investigación por el presunto desvío de una indemnización que la ANDE otorgó a las familias de dos obreros fallecidos por electrocución.
La Cámara de Diputados abrió un sumario administrativo contra la funcionaria Anadelia Acosta Armoa, una de las principales responsables del cobro ilegal de una indemnización de G. 800 millones para dos familias humildes.
Una comitiva policial-fiscal allanó una vivienda en Tarumandy, Luque, en busca de la familia que habría hurtado USD 13.000 de un comerciante del Mercado de Abasto. Aparentemente, los padres dieron instrucciones a su hija de 13 años para apoderarse del dinero.
El Banco Nacional de Fomento (BNF) envió un equipo a la sucursal de Repatriación, Departamento de Caaguazú, para investigar el cobro irregular de indemnizaciones de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) para familiares de electrocutados. Asimismo, entregó documentos y un video a la Fiscalía.