Un equipo de auditores del BNF está trabajando in situ en la sucursal de Repatriación con apoyo del Departamento Anticorrupción de la banca pública, de manera a esclarecer el cobro irregular de indemnizaciones para familiares de obreros que fallecieron electrocutados mientras trabajaban.
“Es una situación muy desagradable para el banco lo ocurrido ayer y estamos en pleno proceso investigativo”, dijo en radio Monumental 1080 AM el gerente general de la banca pública, César Vargas, sobre el caso que involucra a la funcionaria de la Cámara de Diputados Anadelia Acosta Armoa.
Aunque la fiscala Norma Salinas dijo que aún no recibió los documentos y el circuito cerrado que solicitó, el representante del BNF afirmó que esas pruebas se entregaron el lunes y que en el transcurso de la mañana de este martes se enviará un informe más detallado.
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“Estamos a disposición de la Fiscalía para eventualmente analizar el video y lo que requiera la fiscala va a tener de parte del banco”, garantizó.
En las primeras diligencias, Vargas observó los dos cheques; uno tenía la firma y número de cédula de una persona y la otra, una impresión dactilar. Se efectivizaron en días diferentes en la sucursal de Repatriación, que depende de la cabecera del banco en Caaguazú.
Sobre el cobro de G. 400 millones por cada cheque, aclaró que la sucursal tiene la capacidad de desembolsar este importante caudal de dinero. “Si la cuenta tiene saldo, se paga”, insistió.
Aunque Anadelia Acosta Armoa, que estaba como comisionada a la Municipalidad de R.I. 3 Corrales, también de Caaguazú, tenía un poder para retirar los cheques, aparentemente este documento no la facultaba a efectivizarlos.
“Es un poder que se presentó, donde la familia otorga poderes a ciertas personas, pero está en proceso de análisis”, agregó al respecto el gerente del BNF.
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La Fiscalía investiga en primera instancia a Acosta y al abogado Darío Aquiles Flores Mendoza por apropiación, estafa y lesión de confianza.
Ambos efectivizaron G. 800 millones correspondientes a la indemnización de la ANDE a los familiares de Marino Ramírez Casco y Antonio Acosta Contrera, quienes fallecieron electrocutados.
A una de las familias entregó G. 45 millones y a la otra apenas G. 30 millones. La pareja se alzó de esta manera con G. 725 millones.
La Cámara de Diputados anuló la comisión de su funcionaria, quien ahora también está siendo investigada internamente por la institución.
