La funcionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta Armoa, y el abogado Darío Aquiles Flores fueron imputados por la presunta apropiación de G. 725 millones de la indemnización de G. 800 millones, lesión de confianza y estafa.
También fueron procesados Ovidio Ramón Oviedo Brítez –su pareja– y Juan Ramón Acosta, el padre de la funcionaria del Congreso.
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“En total, tenemos 26 evidencias contundentes”, enfatizó la fiscala Norma Salinas a Monumental 1080 AM.
El padre y la pareja de Acosta Armoa figuran como testigos de Juana Honorina Casco de Ramírez, para el cobro del cheque ante la sede del Banco Nacional del Fomento (BNF) en el distrito de Repatriación, de Caaguazú .
Estas personas son las primeras procesadas con relación a las investigaciones por el desvío de dos cheques intransferibles de G. 400 millones cada uno, que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) concedió a dos familias humildes como compensación por fallecimiento.
Aún falta determinar las responsabilidades de los funcionarios de la ANDE y del BNF, de acuerdo con la fiscala del caso, a fin de saber cómo se entregaron los cheques y cómo se efectivizaron, porque la carta poder no tenía validez y la escritura fue emitida en la localidad de Ybycuí, del Departamento de Paraguarí.
Según precisó Salinas, hay tres documentos para actos judiciales y administrativos que están siendo investigados por su unidad fiscal.
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“Hay un montón de falencias que para nosotros no cierran”, detalló la fiscala.
El primer cheque de G. 400 millones fue efectivizado el pasado 11 de setiembre y el segundo, por el mismo valor, el 26 de setiembre. Ambos por el abogado Darío Aquiles Flores Mendoza.
Sin embargo, las familias solo recibieron en forma conjunta un total de G. 75 millones de los G. 800 millones.
La fiscala solicitó para los procesados una fianza real por valor de G. 800 millones, la prohibición de acercarse a las víctimas y prohibición de salir del país, informó la periodista de Última Hora Liz Analía Acosta.
