La investigación sobre el desvío de G. 725 millones de G. 800 millones en concepto de indemnizaciones continúa este martes con la constitución de la Fiscalía en la sede del Banco Nacional del Fomento (BNF) en Repatriación, Departamento de Caaguazú.
La fiscala Norma Salinas es la cabeza de la diligencia en el local bancario donde se procedió a la efectivización de dos cheques intransferibles de G. 400 millones, que la Administración Nacional de Electricidad concedió a las familias de dos obreros que perdieron la vida en un accidente laboral el pasado 2 de agosto.
Pero las víctimas recibieron en conjunto la suma G. 75 millones en medio de un procedimiento aparentemente ilegal, según la investigación, perpetrado por un esquema compuesto por al menos ocho personas.
Entre los involucrados están un abogado identificado como Darío Aquiles Flores; la funcionaria de la Cámara de Diputados, Anadelia Acosta Armoa; el director y un cajero del banco estatal.
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Se prevé que este martes se den las primeras imputaciones en una causa donde también se investigan los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y estafa.
Las víctimas son Juana Honorina Casco de Ramírez, madre de Marino, quien recibió G. 30 millones; y Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio, a quien se le entregaron G. 45 millones.
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Ambas familias ya comparecieron ante el Ministerio Público y denunciaron que en ningún momento les hicieron saber el contenido de las actas notariales, que no estaban inscriptas en el Registro Público.
Asimismo, un equipo de auditores del BNF está trabajando in situ en la sucursal de Repatriación con apoyo del Departamento Anticorrupción de la banca pública.
