El edil subrayó que solo con el 1% del dinero recaudado se podría cubrir la deuda de G. 4.000 millones que la Comuna mantiene con la contratista encargada de las obras de la cuenca Itay, en este caso el Consorcio Pluvial Abasto.
“Ni el 1% de lo recaudado (...) se necesita para que el calvario que está viviendo el vecino de San Pablo comience a terminar, para que ese vecino deje de pasar un peligro viviendo frente a esas zanjas abiertas y que cada vez que se oscurece el cielo, esté con el Jesús en la boca”, observó el concejal.
En una entrevista con Radio Monumental, el intendente de Asunción, Luis Bello, dijo que destinó G. 11.000 millones de la recaudación al pago de las empresas que iniciaron obras de desagüe en dos grandes sectores del barrio San Pablo.
No obstante, el director de Obras, Antoliano Benítez, precisó que hay una deuda de G. 4.000 millones con la contratista encargada de las obras del lote 1, en el área del Abasto.
Durante la sesión de hoy en la Junta, el concejal Grau remarcó que los contribuyentes asuncenos deben tener una retribución de sus impuestos. De lo contrario, se desalienta el pago y esto termina perjudicando a la Municipalidad y la ejecución de las obras.
“El Municipio no puede ser un agujero negro que se traga cada moneda que el contribuyente aporta”, declaró. También añadió que la culpa de esta situación recae sobre todo en el ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez, puesto que fue durante su administración que “la plata que había para pagar estas obras desapareció”.
Informó que Asunción ya pagó G. 181.000 millones solo por los intereses de los bonos emitidos para realizar estas obras, pero el dinero se esfumó y las obras siguen sin culminarse.
Recordó inclusive que la obra de desagüe de Molas López, de la que tanto se jacta Nenecho, “sigue sin terminarse, (porque) la fase 2 está ahí, en veremos”.
“Ese intendente (Nenecho) irresponsable se pasa recorriendo medios de prensa haciéndose el chancho rengo (...) y la víctima, cuando él fue el victimario de toda la ciudadanía asuncena. Esto que está viviendo el asunceno es por culpa suya, porque bajo su administración desapareció esa plata, y el libre ahí; preso debería estar”, criticó el concejal.
Apuntó, por otro lado, a la inseguridad que representa el hecho de que Bello pretenda valerse de la recaudación municipal para realizar los pagos, atendiendo a que los ingresos disminuyen a medida que se acercan los meses de abril y mayo.
“El intendente (Bello) dijo que iba a pagar los avances de obras con las recaudaciones, pero ¿qué va a hacer cuando no haya recaudaciones? Los avances de los desagües no se pueden dar a cuentagotas, no es que avanza un chiquitito y después se frena otra vez un par de meses”, dijo Grau, aludiendo a la situación por la que atraviesa actualmente la ejecución de cada una de las obras de desagüe que se iniciaron bajo la gestión de Nenecho.
A pedido de Grau se sumaron agregados de los ediles Humberto Blasco (PLRA), Jazmín Galeano (PPQ) y Javier Pintos (ANR-HC).
Blasco pidió darle “máxima prioridad” a la conclusión de las obras en San Pablo; Galeano pidió la remisión de un plan sobre los plazos y el origen de los recursos para culminar con los trabajos, y Pintos recordó que ya en noviembre del año pasado se pidió un informe sobre los planes que tiene la Intendencia para ejecutar las obras de desagüe.
Por su parte, el edil Pablo Callizo (PPQ) recordó que la zona de las calles Roque Centurión Miranda y Santa Ana, área limítrofe del barrio Manorá, se vio rebasada por las aguas tras un breve temporal ocurrido el pasado 3 de marzo.
“En una zona donde antes no se acumulaba el agua, ahora se acumula porque unos inútiles de la Municipalidad no pudieron terminar un desagüe”, dijo el concejal.
El área forma parte de la ruta de la cuenca Santo Domingo, obra que, como la de San Pablo y General Santos, contaba con los fondos para su ejecución, pero fueron desviados por la administración de Nenecho para pago de salarios y otros gastos, según el informe de la intervención.
Vecinos del barrio del mismo nombre informaron a este diario que analizan la posibilidad de realizar una denuncia penal contra la Municipalidad por el excesivo retraso de las obras.
A casi un año desde la palada inicial, los trabajos, en este caso a cargo del Consorcio Pluvial Santos, solo alcanzaron hasta el momento unas tres cuadras, según los residentes.
Edil insiste en seguir endeudando a la Municipalidad
En medio del tratamiento de la minuta de Grau, el concejal Miguel Sosa (ANR-HC) aseguró que la administración de Luis Bello ya canceló el pago del préstamo de G. 184.000 millones realizado en diciembre, y por el cual los concejales que lo aprobaron fueron denunciados.
Precisó que se usó parte de los G. 500.000 millones recaudados para cubrir este compromiso. “Se pagaron USD 28 millones, que era por dos meses, enero y febrero, hoy está cancelado y cumplido”, dijo Sosa.
Resaltó asimismo que con el dinero de la recaudación de febrero, que alcanza G. 74.799 millones, se pagarán “los certificados pendientes” de pago por las obras de desagüe, aunque no precisó cuáles.
“Con el lobby correspondiente del Poder Ejecutivo, también le solicitamos que pague la deuda de los diferentes ministerios. Eso va a ayudar también a avanzar y tener disponibilidad en caja y eso se va a invertir naturalmente en obras”, afirmó el edil.
Sosa volvió a hacer hincapié en la necesidad de que la Municipalidad vuelva a endeudarse, pero esta vez por medio de una entidad internacional.
Aseguró que se debe pensar en los “nuevos concejales que van a venir y en el nuevo intendente” y que los intereses a pagar serán mucho menores (1,5%) en comparación con los que se pagan actualmente por la deuda de bonos emitidos durante la gestión de Mario Ferreiro y Nenecho.
Última Hora buscó conocer el uso que se hizo del dinero de la recaudación, así como también el detalle de los gastos realizados con el préstamo aprobado en diciembre, pero el edil no respondió a las consultas.
Actualmente, Sosa y la mayoría de sus colegas oficialistas buscan la reelección, pese a la complicidad con la que actuaron tras aprobar los balances irregulares de la administración Rodríguez, hoy en día investigado por operar el uso irregular del dinero de los bonos que debían usarse para las obras de desagüe.
