Varios partidos y referentes de la oposición se movilizaron en la mañana de este lunes en repudio al manejo del Poder Judicial. La manifestación surge como reacción a la reunión mantenida en secreto por seis ministros de la Corte Suprema de Justicia hace dos semanas con el presidente de la República, Santiago Peña, donde habría participado también el titular de la ANR, Horacio Cartes, ya que los ministros no se encargaron de negar la presencia de este último.
Tras la manifestación, los referentes políticos firmaron un documento que, en primer lugar, señala que la reunión secreta desarrollada en el “quincho de la residencia presidencial” entre los ministros de la Corte Suprema de Justicia César Manuel Diesel Junghanns, Eugenio Jiménez Rolón, María Carolina Llanes Ocampos, César Garay Zuccolillo, Luis María Benítez Riera y Alberto Martínez Simón con el presidente de la República, Santiago Peña, y el actual presidente de la Asociación Nacional Republicana, Horacio Cartes “se constituye en uno de los eventos más dramáticos acaecidos durante este periodo constitucional de gobierno y revela un contubernio inescrupuloso que atenta contra los más elementales principios que deben regir en una democracia constitucional”.
“Los seis ministros que formaron parte de este conciliábulo mafioso violaron la Constitución Nacional desde el Preámbulo que, entre otras cuestiones capitales, señala que los integrantes de los poderes del Estado deben asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, al tiempo de reafirmar con sus conductas, los principios de la democracia republicana, representativa, participativa y pluralista, ratificando la soberanía e independencia nacionales”, menciona el comunicado.
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El documento aclara que no se cuestiona la necesidad de generar espacios de diálogo entre los poderes del Estado, siempre que estos se den “en el marco de un sistema de separación, equilibrio y legítimo control, donde los poderes públicos conversen, se interrelacionen y coordinen acciones que fortalezcan la democracia republicana y el bien común”.
No obstante, los sectores opositores ponen el foco en la conducta de los ministros involucrados y les reprochan haber actuado con secretismo. “Ustedes, pudiendo obrar con transparencia, honestidad y rectitud, optaron por la opacidad y la clandestinidad”, señalan.
“Lo que se cuestiona y repudia con enérgico vigor es que ustedes pisotearon no solo su investidura y dignidad, sino la dignidad de la Justicia, prestándose a la trama urdida por un sector político aceptando reunirse clandestinamente y fuera de la sede del Poder Judicial con el presidente de un partido político y otras personas que no forman parte de los poderes constituidos, con las que pactaron no solo que el encuentro no se publicite, sino que no se dé a conocer la agenda de conversación, y que se dejara de lado a tres de sus pares que no son afines al proyecto de poder que está en marcha. Lo que se cuestiona y repudia es que ustedes que juraron defender la Constitución Nacional y los sagrados principios republicanos, comprometieron con su actitud, de manera fatal e irreparable, el de por sí frágil capital institucional de la máxima instancia judicial frente al poder político y económico”, remarcaron.
Asimismo, los firmantes sostienen que con estos hechos quedó en evidencia que “los más de seis millones de paraguayos no somos libres ni iguales ante la ley”, al considerar que quienes debían ser el último bastión de defensa de los derechos y libertades públicas “abdicaron para someterse al plan del patrón político de turno”.
Advierten que dicho plan apunta a la concentración absoluta del poder, así como a la persecución y eliminación de las voces opositoras que puedan obstaculizar una hoja de ruta que, alertan, empuja al país hacia “un precipicio autoritario”.
Alertan que las señales de regresión autoritaria son muchas y se están implementando incluso de manera coordinada entre una cúpula de poder económico y político, y varios integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
En ese marco, sostienen que los ministros presentes en la reunión dieron la espalda a la ciudadanía y a la institucionalidad republicana, al olvidar el juramento establecido en el artículo 247 de la Constitución Nacional, mediante el cual se comprometieron a ser custodios de los derechos y libertades del pueblo paraguayo.
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Señalan que con su conducta pusieron en riesgo la independencia de poderes y el Estado de derecho, cuyo principio básico exige que gobernantes y gobernados estén sometidos al imperio de la ley, garantizando una Justicia justa e imparcial para todos, sin distinción de condición económica, ideología política, credo religioso o estatus social.
Por último, exigieron la renuncia de los “ministros por perjurio, porque han traicionado la confianza del pueblo, porque son incapaces de comportarse con coraje cívico y honestidad intelectual en el ejercicio del cargo”.
El documento fue suscrito por Franciso Arrúa, de Yo Creo; Hugo Fleitas, presidente del PLRA; la diputada y precandidata a la intendenta de Asunción, Johanna Ortega; la ex senadora Kattya González; el diputado Raúl Benítez; la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, y Teodolina Villalba, del partido Paraguay Pyahura.