La resolución afecta a Julio Javier Lovera Caballero, ex empleado de la firma CIME SRL, quien admitió que retiró los cables y materiales de la citada entidad estatal, por lo que solicitó la aplicación del procedimiento abreviado a través del defensor Público, Eduardo Velázquez.
El fiscal Silvio Corbeta le había acusado por presunta estafa y solicitó la elevación de la causa a juicio oral. No obstante, en la audiencia preliminar, se allanó al pedido de la defensa del procesado para la aplicación del procedimiento abreviado.
Ante la petición, el juez Otazú admitió el pedido, y condenó a 2 años de cárcel, pero con la suspensión de la ejecución de la condena por un plazo de 3 años.
Dentro de ese período deberá residir en el domicilio denunciado, deberá comparecer el 1 al 10 de cada mes, no podrá cambiar de número de celular, ni faltar a las citaciones del juzgado, a más de tener prohibido salir del país.
Igualmente, el condenado, como reparación del daño social, deberá donar la suma de G. 27 millones, a ser pagados en cuotas mensuales de G. 750 mil, en 36 meses, desde agosto del 2025 hasta el 1 de agosto del 2028.
De esa suma, G. 250 mil será dirigido a la capilla San Juan Bautista de San Juan Nepomuceno de Caazapá; y, la suma de G. 500 mil a la Fundación San Rafael, de nuestra capital. Deberá adjuntar las constancias al Juzgado de Ejecución.
La acusación a los procesados
En el caso, la acusación fiscal fue contra Ronie Pastor Rodríguez Aquino (jefe de la Sección de Distribución de Limpio), Gerardo Javier Samudio Benítez, Édgar Ismael Báez González, Fernando César Giménez Morel y el ahora condenado Julio Javier Lovera Caballero, ex empleado de la firma tercerizada (CIME SRL).
Según el Ministerio Público, los funcionarios desleales de la entidad estatal y el empleado tercerizado retiraron bajo engaños 334.213 metros lineales de cables de la Ande, presentando unos 300 formularios que serían falsos.
El supuesto perjuicio fue de casi G. 7.200 millones a la Ande a través del robo de cables, ocurrido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022.
Alega que Ronie Rodríguez, como jefe de Distribución, “aprovechándose de sus facultades como superior jerárquico”, el que habría llenado los formularios de solicitud para el retiro de 334.213 metros lineales de cables.
El funcionario retiraba por cuenta propia o a través de autorización a los funcionarios a su cargo, sin que estos tengan siquiera relación con el tipo de labor desempeñada por la Unidad a su cargo. Con ello, se habrían falseado los documentos, consignando una supuesta necesidad no existente, que era sabido por los demás imputados.
“Presentaron 300 formularios de salida de materiales (SMA) a la Sección de Despacho ubicada en la sede de Boggiani de la ANDE, el cual constituye un requisito documental necesario para la contra entrega de estos cables”, menciona la acusación.
