“Taiwán no construyó primero los data centers: Primero formó talento, fortaleció instituciones e impulsó la investigación”.
En la primera entrega sostuve que la prioridad de Paraguay no son los servidores, sino el talento, las instituciones y la conectividad. Quedan, sin embargo, cuatro interrogantes que el entusiasmo tiende a pasar por alto.
Conviene desactivar una comparación que circula con fuerza: La de Itaipú. El paralelismo es atractivo en lo simbólico, pero engañoso en lo sustancial. Itaipú fue una obra binacional respaldada por dos Estados, con compradores definidos para su energía y un marco jurídico consolidado. El proyecto de inteligencia artificial, en cambio, depende de la incorporación de inversionistas privados cuya participación será imprescindible para alcanzar sus etapas más ambiciosas. No estamos ante una nueva Itaipú, sino ante una apuesta condicionada por la rentabilidad privada y la disponibilidad futura de capital internacional.
De ahí surge la incógnita que sostiene a todas las demás: La demanda. No basta con construir capacidad de procesamiento; hace falta quién la utilice. La reciente visita de Peter Thiel al país alimentó especulaciones sobre el interés de grandes actores tecnológicos en la energía paraguaya, aunque no exista información pública que la vincule con este proyecto. La pregunta sigue en pie: ¿Quiénes serán los clientes capaces de justificar inversiones de esta magnitud? Mientras esa respuesta no se concrete, toda proyección de crecimiento debería leerse como aspiración y no como certeza.
Hay además dos dimensiones decisivas. La primera es geopolítica. Taiwán presenta el proyecto como parte de una estrategia de cooperación entre democracias, una visión legítima desde su perspectiva. Pero Paraguay debe preguntarse si le conviene atar una parte sustancial de su estrategia tecnológica al conflicto entre China y Taiwán. Esa disputa no es nuestra y nuestro interés nacional pasa por desarrollar capacidades propias, diversificar socios y reducir dependencias. La tecnología debe ser una política de Estado paraguaya, no la extensión de una pugna ajena.
La segunda dimensión es jurídica y ciudadana. Otorgar un régimen especial a la infraestructura digital se presenta como garantía para proteger datos críticos y atraer inversión, pero abre interrogantes sobre jurisdicción, control democrático y derechos. Si esa infraestructura operara bajo esquemas de inmunidad o protección extraterritorial, sería imprescindible definir qué derechos conservan los ciudadanos sobre sus datos y qué instituciones ejercen la supervisión. La confianza digital no se construye solo con tecnología; se construye con instituciones.
Todo conduce al mismo punto. Si Paraguay aspira a ser un actor relevante en la inteligencia artificial, la inversión más urgente no está en los servidores, sino en las personas. La experiencia taiwanesa enseña que el desarrollo sostenible nace de décadas de inversión en educación y de ecosistemas de innovación que tardan años en madurar. Sin esa transformación del sistema educativo y sin una política de investigación y desarrollo, corremos el riesgo de aportar energía, territorio y beneficios regulatorios mientras el conocimiento y los empleos de mayor valor se generan en otros países.
Taiwán no construyó primero los data centers: Primero formó talento, fortaleció instituciones e impulsó la investigación, y solo entonces llegaron. La verdadera pregunta para Paraguay no es si puede levantar un gran centro de datos, sino si está dispuesto a invertir durante los próximos veinte años en educación, ciencia, tecnología e instituciones para alejarse, por fin, del modelo maquila.
