Decía el gran economista Wilhem Roepke en su libro Introducción a la Economía Política que la preservación del sistema de división del trabajo en la sociedad y su progreso económico, está ligado inexorablemente a la existencia en la misma de tres presupuestos fundamentales: un presupuesto económico, un presupuesto moral y un presupuesto jurídico. Hemos analizado someramente el primero de los presupuestos en nuestra entrega anterior. Es menester ahora enfrascarnos en el análisis de los otros dos. Habíamos hecho hincapié en la necesidad imperiosa de capitalizar a nuestro país si queremos salir de la pobreza. El ahorro interno es, ciertamente, muy importante en este proceso, pero habíamos dicho que el mismo es largo y penoso. La solución que se nos presenta, es naturalmente, la inversión extranjera. La importación de capitales. Es una realidad bastante clara que la inversión extranjera ha estado disminuyendo en nuestro país en los últimos años, y las consecuencias se hacen sentir. El bajo nivel de capitalización interna, acoplado con la baja inversión, no permiten al país desarrollarse y salir de la pobreza. Pero ¿por qué existe baja inversión en el Paraguay? Este problema trasciende el aspecto económico en sí mismo y nos lleva a un problema más serio. El problema institucional. Los presupuestos morales y jurídicos de los que nos hablaba Roepke.
Se dice vulgarmente que el capital es “cobarde”. Naturalmente hay algo de verdad en esta popular noción. Todo empresario que quiera arriesgar su bien ganado capital requerirá no solo realizar un acabado plan económico de costos, sino además y más importantemente realizar un estudio del marco institucional donde afincará sus inversiones.
A tal efecto, dirá a sus asesores que estudien las leyes impositivas, las leyes de carácter económico, etc. Es decir, hará una evaluación jurídica del lugar donde quiere desplegar su actividad.
Si de esa evaluación, el emprendedor juzga que existen riesgos que superan los beneficios esperados y que por lo tanto el costo del emprendimiento será mayor que la potencial ganancia, entonces decidirá, naturalmente, no realizar la inversión. Elegirá otros países donde se siente mejor protegido y donde su cómputo de costos tanto económicos como jurídicos le resulten positivos.
De este somero análisis, ¿no puede acaso deducirse el motivo de la poca inversión en nuestro país? Es notorio que otros países de la zona aún con –supuesto– mayor nivel impositivo, nos superan ampliamente en índices de inversiones. ¿Por qué ocurre esto? La respuesta es simple. Nuestra reputación institucional es pobre.
Analicemos esto con más detenimiento. ¿Qué significa baja reputación institucional? Significa que el ordenamiento jurídico de la nación no ofrece la suficiente protección para el emprendedor. El poder legislativo en nuestro país, es una máquina de producir leyes de carácter intervencionista. Leyes que someten cada vez más la acción del individuo al control del Estado.
Leyes que favorecen sistemáticamente a grupos de poder en detrimento del interés de la mayoría, leyes que obstruyen la libertad económica.
Además de esta evaluación jurídica, el empresario hará también otra de carácter ética y política. ¿Puedo acaso confiar en los gobernantes? ¿Son acaso las condiciones políticas lo suficientemente estables para que prospere mi trabajo?
Si ante todas estas interrogantes, ve un país donde los gangsters de Chicago se han apoderado del capitolio, un sistema político completamente vacío de conciencia moral, un sistema civil y penal cada vez en mayor decadencia, un ambiente donde la corrupción es rampante, donde los procesos judiciales se hacen eternos, y donde la administración de justicia se licita al mejor postor, y además ve a otros empresarios extranjeros quejarse que fueron invitados a realizar inversiones para luego quedar huérfanos de las licencias necesarias para operar, entonces su decisión no será difícil. No invertirá en nuestro país.
En este escenario no sería muy difícil concluir que todos aquellos que quieran “arriesgar” sus capitales en el Paraguay no serán verdaderos empresarios, sino aventureros. Serán aquellos que se asientan en el país sobre la base de privilegios previamente concedidos por el Estado. Serán aquellos que ya han hecho un contrato con la casta política para asegurar un monopolio que les asegure la ganancia segura. Serán aquellos que gozan de la protección del gobernante de turno.
Todas las visitas oficiales a países extranjeros que vemos por parte de nuestras “autoridades” y que se disfrazan como auténtica búsqueda de nuevos capitales extranjeros, no son más que exploraciones dirigidas a crear emprendimientos monopolistas y prebendarios que solo enriquecen a gobernantes y poco servicio le hacen a la nación. En otras palabras, son búsquedas de socios en la depredación y no en balde fracasan lamentablemente.
Ejemplos abundan en la historia: Las concesiones de reyes absolutistas durante el período mercantilista, los famosos “Nabob” en la India británica, y más recientemente innumerables y “cronys” norteamericanos que se hacen su “agosto” en los países islámicos sometidos por la fuerza. No nos debería sorprender que sobre algunas cabezas caiga el agudo filo de la cimitarra.
¿Cuál es el futuro de este panorama desolador? Incierto, sin duda. Nuestro país no progresará ni saldrá de la pobreza mientras continúe con políticas socialistas, intervencionistas o contrarias al mercado libre.
No saldrá de la pobreza mientras no se ataque el arma fundamental con la cual gobierna la casta política: la legislación, y el problema de la legislación en el Paraguay empieza en la carta fundamental de la nación.
