Después de 50 años, nuestro sistema de Justicia prosigue su lenta marcha. El Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, ratificó las penas de 25 años de cárcel para los ex policías de la dictadura stronista Fortunato Laspina Escurra y Eusebio Torres Romero; y 20 años de prisión para Manuel Crescencio Alcaraz, por las torturas a Domingo Guzmán Rolón y otros presos políticos en 1976.
Domingo Guzmán Rolón era integrante de las Ligas Agrarias, una organización campesina de inspiración cristiana que surgió en la zona de Misiones en los años 60 para promover el trabajo comunitario y un modelo diferente de producción y de educación.
Muy joven, buscó refugio en la Argentina, donde fue detenido después por la Gendarmería luego trasladado en el baúl de un automóvil hasta el Departamento de Investigaciones en Asunción, según describe el Ministerio Público Federal de Argentina con respecto a su caso y detención, pues esta se dio en el marco del Plan Cóndor.
Guzmán Rolón tenía 19 años cuando fue torturado en el año 1976 y su primera denuncia por las torturas sufridas la presentó en 2011.
Recién en 2017 se inició el proceso, y hace unos días, el Tribunal de Apelación Penal, Segunda Sala, ratificó las penas de 25 años de cárcel para los ex policías de la dictadura stronista Fortunato Laspina Escurra y Eusebio Torres Romero y 20 años de prisión para Manuel Crescencio Alcaraz por las torturas causadas a Domingo Guzmán Rolón y otros presos políticos entre 1976 y 1978.
Sin embargo, quien denunciara la violación a los derechos humanos falleció en mayo de 2024, sin haber escuchado la sentencia. El recorrido de este caso estuvo marcado por intentos de nulidad y maniobras dilatorias, y de los diez imputados inicialmente, solo tres llegaron al banquillo: Eusebio Torres, Fortunato Laspina y Manuel Crescencio Alcaraz, los demás o ya fallecieron o permanecen prófugos, haciendo más fuerte la sensación de impunidad en un país con una memoria frágil.
El Paraguay que conquistó la democracia hace 37 años todavía está en deuda con todos aquellos que trabajaron y se comprometieron con un país libre, democrático y justo. Y lamentablemente, tras el golpe de Estado que derribó al dictador Alfredo Stroessner cientos de stronistas, entre ellos policías torturadores, nunca pagaron por sus crímenes, como tampoco aquellos que fueron cómplices del dictador devolvieron al pueblo los recursos de los que se habían apropiado.
La Justicia sigue siendo la gran deuda que mantiene la democracia con las miles de víctimas y sus familiares.
Por otra parte, no repetir el pasado de autoritarismo es el gran desafío para no volver a ser un país donde las violaciones a los derechos humanos son una constante, lo mismo que las persecuciones arbitrarias, los secuestros, las torturas, las desapariciones y la falta de libertades.
Debemos recordar siempre que la dictadura de Stroessner y el Partido Colorado dejaron secuelas en los 425 desaparecidos, detenciones ilegales y arbitrarias de casi 20.000 personas y forzaron hacia el exilio a más de 20.814 paraguayos, según un informe de la Comisión de Verdad y Justicia.
Precisamente, el hijo de uno de los 425 desaparecidos, el doctor Rogelio Goiburú, director de Memoria Histórica y Reparación del Ministerio de Justicia, suele comentar el proceso de reparación que avanza muy lentamente y, sobre todo, el hecho de que el Partido Colorado no reconoce los crímenes de Alfredo Stroessner, a quien siguen reconociendo como “líder histórico”.
Es digno de mencionar también que Eusebio Torres, uno de los policías condenados por torturas, había sido condecorado en la ceremonia de conmemoración de los 50 años de egreso de los oficiales de la Escuela de Policía, durante el gobierno de Horacio Cartes. Para el hijo de Agustín Goiburú, desaparecido en el marco del Plan Cóndor en 1977, durante el Gobierno de Alfredo Stroessner, los sucesivos gobiernos desde el año 89 hasta el periodo actual, nunca se sintieron responsables de los crímenes cometidos por este partido.
Además de la deuda enorme que tiene la Justicia con las víctimas, también se debe poner el acento en un dato. Y es que varios informes internacionales sobre el desarrollo de la democracia, la economía y la sociedad en la región, señalan que el nuestro es el país con actitudes más autoritarias de toda la región. Este también es un gran desafío para los paraguayos y para nuestra democracia, considerando la herencia dictatorial que todavía cargamos.
