“La confianza en las elecciones es el resultado de un pacto, no una propiedad de los dispositivos. Es un acto político”.
El debate político reciente se ha concentrado en la fiabilidad técnica de las máquinas de voto, limitando la discusión sobre la confianza a códigos, auditorías y vulnerabilidades. La política comparada da una respuesta más terrenal: La confianza en las elecciones es el resultado de un pacto entre actores de buena fe y la institucionalidad, no una propiedad de los dispositivos electrónicos. Es un acto político.
El politólogo Adam Przeworski señaló que la democracia es, en esencia, un sistema en el que los partidos pierden elecciones y están dispuestos a aceptar los resultados. Esa aceptación requiere certidumbre en las reglas y lealtad de las élites. En nuestra República, esa certidumbre no es tal. En la era democrática, el fraude de 1992 es paradigmático; más recientemente, la falta de reconocimiento en 2018 y las denuncias en 2023 –sin pruebas evidentes– golpearon la credibilidad.
Una arista del problema es el diseño institucional. El TSJE nació del pacto de gobernabilidad bajo una división casi bicolor del poder, dejando espacio para una tercera fuerza. La integración administrativa siguió esta proporción. Nunca se buscó crear un órgano independiente, sino uno articulado sobre el equilibrio partidario.
Una premisa de este diseño es el control recíproco. El reaseguro electoral no se dejó a un árbitro independiente, sino a los mismos competidores. La lógica establecía que si los representantes partidarios están en la mesa de votación y firman el acta, las prácticas fraudulentas deberían neutralizarse. En la práctica, el acuerdo en mesa legítima la elección, salvo una improbable colusión masiva, es un sistema cerrado que debería funcionar.
La paradoja del modelo paraguayo es que los propios operadores de este sistema precluso son quienes denuncian los fraudes. Aquí, entra una dimensión clave que los autores de Cómo mueren las democracias denominan “tolerancia mutua” y “contención institucional”: Las reglas escritas no bastan, exigen aceptar al rival y no abusar del sistema. Es imposible construir instituciones sólidas con actores de mala fe que desconocen o manipulan el proceso electoral cuando los resultados les son adversos.
Buscar solucionar la desconfianza poniendo la garantía en un dispositivo no humano, como la máquina de votación, es un mal diagnóstico. La tecnología opaca la discusión y aleja el proceso del ciudadano trasladando el debate a un terreno incomprensible de software y hardware. La confianza real no reside en la máquina. Un dispositivo tecnológico carece de capacidad para obligar a los políticos a actuar con responsabilidad.
Mediciones como el Latinobarómetro confirman que la desconfianza ciudadana hacia el organismo electoral es sistémica; más allá de su desempeño objetivo, el promedio de confianza en 18 años es del 27%. Sin embargo, en el actual clima, ad portas de unas nuevas elecciones, el verdadero desafío no es la urna, sino promover la transparencia absoluta para que los actores leales y la ciudadanía reduzcan su desconfianza. Por supuesto, las dudas técnicas deben responderse con transparencia, pero no bastará si las élites carecen de voluntad.
Ningún sistema informático asegurará la legitimidad si no existe un compromiso real por consolidar reglas respetadas por todos. Ante la desconfianza cíclica, cabe preguntarse: ¿Llegó el momento de repensar la histórica lógica del control recíproco y transitar a un diseño institucional diferente? ¿O urge forjar un nuevo pacto político para no destruir nuestras frágiles instituciones? Lamentablemente, es un desafío que los partidos no parecen dispuestos a liderar.
