Juan Ernesto Villamayor, secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, anunció la objeción total al proyecto de “ley que establece un régimen de indemnización de los gestores combatientes del levantamiento del 2 y 3 de febrero del año 1989”.
Relató que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, solicitó todos los informes técnicos sobre el caso y en todos se recomienda la objeción total del proyecto, informó el periodista de Última Hora Roberto Santander.
“Acá la ley establece que se va a indemnizar a los que estuvieron, no importa si recibieron un daño o no, no importa si participaron o en qué rol, no importa si estuvieron en el frente, no importa si hay una disminución a la capacidad o un daño, no importa si perdieron la vida o no”, explicó.
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Agregó que si se va a indemnizar a personas por el solo hecho de haber estado en el lugar donde ocurrió el golpe de Estado en 1989, desde el Poder Ejecutivo consideran que existe un dispendio exagerado.
Insistió en que una compensación de esta naturaleza requiere que algo le haya ocurrido a la persona, aunque más no sea una herida. Añadió que una indemnización requiere que algo le haya ocurrido a una persona, no simplemente haber estado ahí.
Acotó que se llevará esta misma situación a las víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner, todas las personas que vivieron entre 1954 y 1989 tienen que ser indemnizadas.
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Recordó que ya se abonaron USD 100 millones a víctimas de la dictadura de Alfredo Stroessner hasta el momento y que están en trámites pedidos por USD 25 millones, aproximadamente.
Agregó que en el caso de abonar a las víctimas del 2 y 3 de febrero de 1989, solo en las Fuerzas Armadas, el primer cálculo estima un desembolso USD 40 millones. Agregó que a esto hay que sumar a policías y además a beneficiarios, donde la norma establece que es sujeta a ampliación, ya que tiene una declaratoria de herederos, lo cual haría que una cantidad indefinida de personas se sumen a este beneficio.
La normativa establece el pago de indemnización por única vez para los excombatientes del golpe de Estado y para los parientes consanguíneos en primer grado.
Los primeros percibirán G. 168.680.000 (2.000 jornales), mientras que los herederos recibirán más de G. 253.020.000 (3.000 jornales).
