Según la imputación formulada por el fiscal Luis Fernando Escobar, los hechos se iniciaron a las 07:20 de ayer martes, cuando Domínguez intentó ingresar al país desde Brasil en un vehículo Toyota Vitz, cargado con cinco bidones de combustible de contrabando. La carga fue detectada e incautada por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), lo que desencadenó la furia del conductor.
Lejos de aceptar la incautación, Domínguez se retiró del lugar y regresó cerca de una hora después, a las 08:30, esta vez con el rostro cubierto por una capucha y portando una mochila. De forma agresiva, exigió hablar con uno de los funcionarios de aduanas involucrados en el procedimiento anterior. Al no encontrarlo, arremetió verbalmente contra el personal de la Prefectura Naval, hasta que su furia escaló a un nivel más peligroso.
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Frente a comerciantes, turistas y transeúntes, Domínguez extrajo un cuchillo, rajó uno de los bidones incautados y derramó el combustible sobre la vía pública. El acto, que ya representaba un riesgo evidente, dio paso a una agresión aún más alarmante: desenfundó un revólver calibre 38 y supuestamente disparó contra los suboficiales Lorenzo Ocampos, Wilfrido Regúnega y Domingo Araújo, quienes brindaban apoyo de seguridad en el lugar.
En respuesta al ataque, los marinos repelieron con disparos intimidatorios que impactaron en las extremidades del agresor. A pesar de estar herido, Domínguez continuó con los disparos hasta que fue finalmente reducido y desarmado. Bomberos voluntarios acudieron rápidamente al lugar y lo trasladaron al Centro de Salud de Ciudad del Este, donde se encuentra internado y fuera de peligro.
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La imputación fiscal se sostiene en pruebas contundentes: testimonios de los presentes, actas de intervención y grabaciones de circuito cerrado que registraron la secuencia de los hechos. Además del intento de homicidio, Domínguez fue acusado de producción de riesgos comunes, resistencia y violación a la Ley de Armas.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva del imputado, argumentando el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos ocurridos en uno de los puntos más sensibles y transitados de la frontera paraguaya. El caso reaviva el debate sobre la violencia vinculada al contrabando y la urgente necesidad de reforzar la seguridad y el control en las zonas fronterizas.
