En el caso, la Sala Penal de la Corte había ratificado las condenas de Nicasio Bóveda, de 76 años, y de su hijo Alfredo Javier Bóveda Mongelós, de 46 años, quienes recibieron la pena de cuatro años de cárcel por producción de documentos no auténticos.
En el mismo caso, habían sido absueltos los ex ministros de la Senad Francisco José De Vargas y Luis Alberto Rojas, a más de los ex directores administrativos de la institución antidrogas, Antonio Salvador Pereira Fretes y Adalberto Benítez Gómez.
Por resolución del 11 de agosto pasado, el juez de Ejecución Carlos Mendoza había intimado a Nicasio Bóveda y a su hijo Alfredo Javier Bóveda Mongelós para que se presenten dentro del plazo de cinco días a cumplir con su condena.
Según el fallo, en caso de no presentarse, iban a ejecutar la caución real de G. 500 millones cada uno –G. 1.000 millones en total–, que tenían sobre el inmueble familiar, de propiedad de Nicasio Bóveda y su esposa María Esperanza Mongelós de Bóveda. Ambos se encontraban con medidas sustitutivas a la prisión preventiva, con la citada caución sobre el inmueble familiar.
En el caso del condenado Nicasio Bóveda, ya septuagenario, planteó el incidente de prisión domiciliaria, a fin de cumplir con su pena en su vivienda, teniendo en cuenta la edad y las enfermedades que sufre.
Sin embargo, como ambos procesados no se presentaron dentro del citado plazo, el magistrado hizo efectivo el apercibimiento y dispuso llevar adelante la ejecución del inmueble ubicado en el distrito de San Roque, de Asunción.
Según el juez, el incidente de prisión domiciliaria planteado por la defensa de Nicasio Bóveda no suspende la ejecución de las cauciones mientras se sustancia el pedido, con lo que rechazó la pretensión de evitar que se ejecutara la caución.
De esta manera, por el monto total de la caución real por la suma de G. 1.000 millones, se llevará adelante el remate del inmueble de propiedad de Nicasio Bóveda y de su esposa.
Los dos fueron condenados por producción de documentos no auténticos, debido a que falsificaron los documentos para traer los aparatos de escuchas telefónicas que adquirió la Senad, durante los mandatos de De Vargas y Rojas.
