13 ene. 2026

Nulo control policial hace recordar que droga en Canindeyú tiene protección

Criminólogo ya había denunciado que policías protegen las plantaciones de marihuana. Recientemente, 40 agentes fueron sumariados por no advertir sobre un convoy que transportaba las 88 ton. de cannabis.

La incautación récord de 88.991 kilos de marihuana realizada y resaltada por la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), en Canindeyú, desnuda un contraste en la zona: La falta de control policial. Además, pone en énfasis hechos de corrupción en la Policía Nacional, que protegen las plantaciones de marihuana, al servicio del narcotráfico.

Al respecto, el criminólogo Juan Martens Molas, había publicado en las páginas de la Revista Novapolis, ya en el 2024, que entre los miembros de la Policía Nacional y de la Fiscalía reciben un total de G. 10 a 12 millones por hectárea de marihuana.

Sobre ese punto, el experto indicó a ÚH que nada de lo que ocurre en Canindeyú se hace sin autorización de la Policía y de la Fiscalía, y que la autorización policial previo pago es la que permite que se cultive grandes parcelas de cannabis.

Para el efecto, una cinta roja envuelta a una tacuara o algún árbol cercano a un marihuanal y número de teléfono, da significación de que el cultivo que se encuentra en el lugar, está protegido por la Policía Nacional, afirmó Martens.

Según entrevistas realizadas por el grupo de investigadores que acompaña a Martens, la lista de pagos de los cultivadores incluyen a miembros de estas direcciones: Uno, Investigación de Delitos; dos, Inteligencia; tres, Antinarcóticos; cuatro, Comisaría jurisdiccional; cinco, Grupo Especial de Operaciones (GEO); seis, Homicidios; y siete, Departamento de Bosques y Asuntos Ambientales, además de la Fiscalía.

El criminólogo señaló que los cultivos son “supernaturalizados” y que es rubro de renta para familias que su ingreso es mediante la agricultura campesina, pero deciden plantar marihuana en vez de otro cultivo de renta, porque es lo que garantiza el ingreso anual.

Clanes. En Canindeyú, en esencia, existen estructuras intermediarias de acopio, principalmente de drogas que luego venden al mejor postor, generalmente a facciones brasileñas. La incursión de muchas familias en la plantación de marihuana como forma de subsistencia es uno de los grandes problemas sociales instalados en el departamento. Este es uno de los motivos por lo que la zona es conflictiva debido a la lucha del dominio narco.

En la zona están identificadas varias estructuras delictivas, como el grupo liderado por Felipe Santiago Acosta Riveros, alias Macho, uno de los criminales más buscados por el Departamento de Control de Crimen Organizado (DCCO).

Otro es el clan Díaz, nombre en homenaje a Cristino Díaz, quien murió acribillado por el grupo de alias Macho.

También opera el clan Alderete, facción liderada por Diego Zacarías Alderete, que tendría conexiones con carteles de Colombia y la estructura criminal liderada por Selva Elizabeth Portillo Rodas, alias Selva Hû, considerada matrona de narcos, que dirigía a un grupo de sicarios. También está la organización de Vilmar Acosta Marques, ex intendente de Ypejhú, condenado por el crimen el periodista Pablo Medina.

Mayores incautaciones de marihuana

Umbral. El Operativo se ejecutó en Saltos del Guairá, en la madrugada del miércoles 3, cuando los agentes de la Senad interceptaron un convoy criminal compuesto por 19 vehículos, entre ellos 2 tractocamiones, 1 camión de doble eje cargado, 14 camionetas cargadas y 2 autos, transportando 88 toneladas de la droga.

Penumbra. Este operativo permitió la incautación de 14.290 kilos de marihuana. El procedimiento se había realizado el 23 de febrero de 2025 en Saltos del Guairá, Departamento de Canindeyú.

Traición. El 21 de junio de 2025, fueron incautados 13.579 kilogramos de marihuana y dos personas fueron detenidas, en el barrio Centro de Katueté de Canindeyú.

Marangatú. El Operativo logró la incautación de más de 57.000 kilos de marihuana prensada, organizada y clasificada para el envío al mercado criminal brasileño. El duro golpe al crimen organizado se registró en el Departamento de Canindeyú, el 23 de diciembre de 2024.

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