El documento aprobado solicita que el Legislativo municipal fije postura institucional contra el proceso en curso y remita una nota formal a la Cámara de Diputados, instando a rechazar la medida que busca intervenir administrativamente la Municipalidad de Ciudad del Este. La minuta habla de “intromisión política disfrazada de control administrativo”.
“La Contraloría lesionó la autonomía municipal, ignoró la aprobación de las cuentas por parte de esta Junta y jamás comunicó su decisión a la Municipalidad”, expresa el texto firmado por el presidente del cuerpo, Sebastián Martínez, y otros seis concejales de la bancada opositora.
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Según la presentacion, la CGR actuó de forma unilateral y sin fundamentos jurídicos, arrogándose funciones que competen exclusivamente al Legislativo municipal. Además, denuncian que el dictamen que motiva la intervención ni siquiera fue notificado a la Intendencia, impidiéndole ejercer su derecho a defensa.
“Imponer sanciones”
Uno de los puntos señalados por los ediles señala que el contralor Camilo Benítez habría justificado su accionar sin pruebas fehacientes de hechos punibles, sino con el argumento de que el Poder Judicial no acompaña sus denuncias.
“El propio contralor admite que la mayoría de sus denuncias terminan desestimadas porque no configuran delitos, sino simples faltas administrativas. Como consecuencia, pretende imponer sanciones al margen del sistema judicial”, sostiene el documento.
Para los concejales, este proceder configura una amenaza directa al Estado de derecho y un peligroso precedente para la institucionalidad democrática, ya que permite que decisiones administrativas arbitrarias terminen desplazando a autoridades electas por el pueblo sin un debido proceso ni fundamentos penales sólidos. “La CGR ya no representa garantía de imparcialidad ni credibilidad. Su proceder temerario solo responde a motivaciones políticas”, señalaron.
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La Junta Municipal de Ciudad del Este declara ilegal e inconstitucional el pedido de intervención y denuncia una manipulación de la Contraloría, instando a la Camara de Diputados a rechazar la medida por carecer de “sustento técnico y legal”.
La resolución fue aprobada por los votos de los concejales Sebastián Martínez, Óscar González, María Portillo, Valeria Romero, Pedro Acuña, Víctor Torales y Alisson Anisimoff, los mismos que firmaron la minuta.
“Frenar un proyecto”
El presidente de la Junta Municipal, Sebastián Martínez, pidió que sea reemplazado por la vicepresidenta María Portillo, para poder defender la minuta aprobada. Denunció que el intento de intervención no responde a criterios técnicos ni legales, sino a una estrategia política para frenar un proyecto que no se alinea con “la mafia que hoy integra la política paraguaya”.
Dijo que la intervención busca “cortar la cabeza del principal referente de este proyecto, que hoy lidera y se perfila como futuro candidato a la presidencia de la República”.
“Esto no se trata de una cuestión administrativa. Es un ataque directo contra un liderazgo incómodo para los poderes fácticos que operan desde un quincho en la zona de una tal (avenida) España”, expresó, en alusión a sectores con influencia dentro del Gobierno.
El concejal apeló al “buen tino” de los 80 diputados que integran la Cámara Baja, instándolos a no dejarse arrastrar por una maniobra que, según afirmó, socava el Estado de derecho y la institucionalidad democrática. “Cualquier intendente, por voluntad de una sola persona, puede ser removido. Eso es gravísimo”, advirtió.
