La Municipalidad de Ciudad del Este presentó en la mañana de este jueves una demanda ante el Tribunal de Cuentas contra el dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que solicita la intervención del municipio. A su vez, exige que se suspenda el proceso de intervención hasta que se resuelva la demanda en la jurisdicción contencioso–administrativa.
“La petición de intervención elucubrada responde más bien a faltas en el proceso en la administración financiera o incumplimientos, contrataciones públicas; no constituye graves irregularidades en la ejecución del presupuesto. De lo que se trata aquí es de inhabilitar a la Intendencia con argucias, camuflando errores como graves hechos o generando hallazgos faltando a la verdad, en una evidente persecución hacia el Ejecutivo municipal, al que se le han restringido los derechos fundamentales del descargo”, refiere el documento como uno de los motivos para anular el pedido de intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Los abogados Wilmer Cuevas y Daniel Ledezma, bajo el patrocinio del abogado Juan Carlos Arévalos, promovieron la acción contencioso-administrativa contra la Contraloría y peticionan la nulidad de la solicitud de la intervención de la Comuna realizada por el Poder Ejecutivo.
En el mismo documento, la Municipalidad solicita al tribunal dictar la medida cautelar tendiente a asegurar la observancia del resultado del proceso, dictando “la suspensión del acto impugnado, o la prohibición de innovar en materia administrativa respecto al proceso de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este”.
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“Demandamos a la Contraloría General de la República como órgano emisor del acto administrativo que resuelve solicitar la intervención del gobierno municipal de Ciudad del Este, transgrediéndose el marco legal vigente, así como el dictamen emitido por el ente contralor”, esgrimieron los abogados en el documento.
Mencionan que la CGR inició un proceso administrativo inaudito por su origen irregular, sin contar con la habilitación legal respectiva, elevando un dictamen no vinculante viciado de nulidad.
El pedido se originó “violando expresamente la ley, configurando un grave hecho administrativo que transciende el orden constitucional y legal que rige la materia”, señalan.
Entre otras cosas, en el documento se menciona que resuelve solicitar la intervención, lesionando la autonomía municipal consagrada en la Constitución Nacional y en la Ley Orgánica Municipal.
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Asimismo, indican que la Contraloría ni siquiera comunicó su decisión a la Municipalidad de Ciudad del Este, en detrimento de las disposiciones legales que regulan la materia y omitiendo a la Junta Municipal que aprobara las ejecuciones presupuestarias, sin correr traslado a la Municipalidad de Ciudad del Este, de las observaciones contenidas en el Dictamen para ejercer su defensa o presentar descargos. La CGR “asume una decisión arbitraria, abrogándose facultades legales y reglamentarias excluyentes del Legislativo municipal”, sostienen.
También, dicen que, de acuerdo a las expresiones del contralor Camilo Benítez, “su pedido de intervención responde al hecho de no compartir el criterio legal que les otorga la competencia judicial por un supuesto impase con el Poder Judicial”.
“El peligro para nuestro Estado de derecho es que solicita la intervención porque las denuncias que la CGR realizó, y que tenían connotación penal, no son castigadas como delitos, sino como simples faltas; en otras palabras, reconoce expresamente que realiza cientos de denuncias que después, en el ámbito penal, son deshechas por la Fiscalía y jueces penales por tratarse de faltas administrativas y no graves hechos”, destacan.
