22 oct 2026

Contraloría pide intervención de las municipalidades de Asunción y CDE por varias irregularidades

El contralor Camilo Benítez anunció vía rueda de prensa que envió una nota al Ministerio del Interior para solicitar la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este por “graves irregularidades en gestiones”. Habla de inconsistencias, omisiones en administración de recursos, incumplimiento en procesos de contratación y otros.

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El contralor Camilo Benítez brindó detalles de los pedidos de intervención.

Foto: Andrés Catalán.

Camilo Benítez, contralor General de la República, anunció un pedido de intervención a las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este por “graves irregularidades” en ambas gestiones.

La Contraloría señaló que las gestiones de Óscar Nenecho Rodríguez (ANR-HC) en Asunción y del opositor Miguel Prieto en CDE presentan irregularidades en ejecución del presupuesto y en la administración de los bienes de las comunas.

La administración de Prieto, según la Contraloría, “presenta serias falencias en la ejecución del presupuesto municipal”, y esto pone en riesgo su patrimonio e impide el efectivo control.

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Uno de los documentos que está bajo la lupa es el informe sobre transferencia de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este, en apoyo a la actividad llamada Navidad sustentable en el ejercicio 2023.

En lo que respecta a la Municipalidad de Asunción, menciona supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre 2021 y 2024.

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Se refirió a la emisión del bono G8, por G. 360.000 millones, realizada en el año 2022 para obras de desagüe pluvial; además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023, emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

Benítez afirmó que desde el inicio de su gestión puso a disposición del Ministerio Público más de 226 reportes, denuncias y comunicaciones de hechos irregulares, pero que no tuvieron el seguimiento adecuado.

“Es preciso y urgente hallar soluciones necesarias para desnudar las inconductas de los administradores de la cosa pública”, señaló.

Tras el anuncio de la Contraloría, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, tiene un plazo de seis días hábiles para remitir los antecedentes a la Cámara de Diputados que a su vez debe conformar una comisión para la investigación de los hechos denunciados y tiene quince días hábiles para expedirse, según refiere el artículo 3 de la Ley 317.

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