Pasaron casi dos meses del gobierno de Santiago Peña y no he notado demasiados aciertos. Aquí me remitiré especialmente a la tensión generada con Argentina, que tuvo una escalada en estos casi 60 días, pero que empezó en el pasado periodo presidencial cuando el país austral decidió aplicar un peaje en un tramo de la hidrovía, a pesar de los acuerdos de navegación existentes.
Las actuales autoridades paraguayas se comportaron como bravucones en este asunto, esa es una palabra que define muy bien la situación, porque fueron valientes “solo en apariencia”. Hubo fanfarronadas, porque se preciaron y alardearon de valientes, anunciando represalias como el retiro del 100% de la energía que le corresponde a Paraguay en la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Sin embargo, según datos del lado argentino, porque hasta ayer en la margen nacional no se publicó nada, Paraguay cedió en setiembre el 73% de su energía de la central hidroeléctrica. A propósito, para contextualizar, el mes anterior los datos sobre consumo de energía estaban disponibles el primer día del mes en el sitio web paraguayo.
El diario Última Hora señaló que la situación se confirmó “tras las amenazas del Gobierno de retirar el 100% de la energía paraguaya, en medio de la tensión con Argentina por la deuda del vecino país por consumo y cesión, medida de la cual finalmente se desistió, pero que causó un sobrecosto superior a los USD 1.600.000, según el titular de la ANDE, Félix Sosa”. De bravuconada estamos hablando. La decisión nos terminó perjudicando más a nosotros, emañamína, eguatamína ecalcula. Sin embargo, la información de la administración eléctrica no se actualizó, no se dio a conocer por medios oficiales y fue resultado de una pregunta a Sosa en el Congreso, es decir, hasta pudo haber sido más o menos para ser generosos.
Desde la semana pasada, los decibelios han bajado. El propio director general paraguayo de la EBY, Luis Benítez, salió a reconocer que Argentina estaba retirando el 90% de la producción de la hidroeléctrica. Al referirse a la deuda pendiente del vecino país en Yacyretá, declaró que hubo un compromiso verbal de tres pagos de USD 12 millones por cesión de energía del año 2022, sumando así USD 36 millones –de una deuda total de USD 92 millones hasta 2023, según Paraguay–, de los cuales llegaron apenas USD 6.000.000. Por otro lado, indicó que fueron remitidos USD 12.499.000 por consumo de energía, aunque Paraguay había acusado que Argentina tenía compromisos pendientes por USD 40 millones.
Imagínense que la segunda mayor central hidroeléctrica del país, y una de las mayores proveedoras de energía de la Argentina se maneja verbalmente. Es un despropósito desde todo punto de vista.
El director también fue consultado sobre la supuesta venta de energía cedida a Brasil y dijo que se está informando para saber si es cierto o no. Eso sería otro escándalo, cómo entonces podrían cuestionar que Paraguay comercialice su energía en el extranjero.
Por su parte, el canciller Rubén Ramírez manifestó que están “resolviendo paulatinamente todas las situaciones”. Me pregunto a qué soluciones se refería porque el vecino país sigue debiendo millones de dólares en Yacyretá y tampoco se dejó de lado el peaje en la hidrovía.
En un comentario anterior me preguntaba si la actitud del Gobierno era una estrategia o una improvisación, inclinándome por lo segundo. Creo que los hechos simplemente están demostrando que no hubo demasiado plan para los objetivos. Mientras, desde algunos sectores reclamaron la falta de mejores acciones, como por ejemplo la licitación de la energía excedente. Es una imperiosa necesidad, porque a Paraguay no le sobrará esta energía demasiado tiempo, y requiere todos los recursos que pueda generar para sus planes de distribución, transmisión y, especialmente, generación eléctrica (que vamos a necesitar en una década). Eso pasa volando, cuidado.
