Indignación, cansancio y mucha preocupación. Esos son los sentimientos que se respiran entre docentes, directores y padres de familia en Ciudad del Este tras la suspensión por 30 días del proceso de adjudicación de obras de refacción en 11 instituciones educativas. La decisión fue tomada por el interventor municipal, Ramón Ramírez, quien puso en pausa un proyecto largamente esperado que, según los propios afectados, lleva más de 20 años postergado.
El tema fue analizado con preocupación por el Consejo Distrital de Educación, instancia que aglutina directores, docentes, representantes de padres de familia y alumnos. La medida dispuesta por el interventor frenó la ejecución de un paquete de obras valorado en más de G. 15.000 millones, fondos destinados a mejorar aulas, pabellones, salas multiuso y cocinas-comedores en escuelas. La suspensión generó una reacción inmediata y enérgica por parte del sector educativo, que ya venía soportando años de precariedad.
“Esto no es nuevo. Las instituciones están en ruinas. Lo que está pasando hoy es consecuencia de una larga cadena de desidia. Pero ahora que todo estaba listo, que la licitación ya se hizo, que solo faltaba adjudicar… nos vuelven a frenar. No se juega así con la educación”, reclamó el profesor Higinio Garcete, presidente de la Asociación de Educadores del Este (AEDE) e integrante del Consejo de Educación.
La AEDE emitió un comunicado oficial repudiando la decisión del interventor y reclamando el inicio inmediato de las obras. “Con la necesidad de los estudiantes no se juega. Que se respete el derecho de nuestros niños y jóvenes a estudiar en condiciones dignas”, señala el documento.
PELIGRO DE DERRUMBE
El reclamo no es aislado. En la Escuela Básica N° 354 San Blas, una de las instituciones más afectadas, las paredes están rajadas, los techos presentan filtraciones severas, y parte del bloque escolar está clausurado por peligro de derrumbe.
“Tenemos 13 aulas en estado crítico. Hace dos años cerramos un pabellón por recomendación técnica. La reparación que se hizo en su momento fue superficial. Hoy las grietas están peores. Esto no aguanta más”, denunció el director Cristóbal Mareco.
Según Mareco, el proceso licitatorio ya culminó y solo falta que la Municipalidad adjudique oficialmente las obras para iniciar la construcción. Sin embargo, el interventor primero pidió una prórroga de cinco días, y luego extendió la suspensión a 30 días más, alegando revisiones administrativas. El temor de la comunidad educativa es que esto desemboque en una anulación definitiva del proceso.
“Estamos hablando de casi 10.000 estudiantes afectados. No se puede justificar esta parálisis con tecnicismos. Lo que necesitamos es decisión política. Si no comienzan en agosto, las obras no estarán listas para el inicio del próximo año lectivo”, advirtió Mareco.
En respuesta a la suspensión, los directores de las 11 escuelas afectadas se reunieron esta semana para acordar medidas. En los próximos días presentarán una nota formal al interventor exigiendo respuestas y un cronograma real de obras. También se analizan movilizaciones con padres y estudiantes.
“Estamos en comunicación con las familias. Los padres están molestos porque son sus hijos los que estudian en aulas provisorias, calurosas, con goteras. No descartamos ninguna medida. Esta vez no vamos a aceptar que archiven el proyecto otra vez”, aseguró Milciades Mereles, director de la Escuela Adela Esperatti, del km 6,5, barrio Las Carmelitas, donde están pendientes la reparación de seis aulas y tres salas multiuso.
LARGA ESPERA
Los docentes recordaron que estas obras forman parte de un plan iniciado hace casi 20 años, con estudios técnicos, presupuestos asignados y licitaciones que, una y otra vez, terminaron en la nada. En los últimos dos años, la presión social logró destrabar el proceso y se avanzó hasta la licitación final.
Todo estaba listo para iniciar las obras este mes de julio. Pero nuevamente, el proyecto queda en pausa. “La educación pública ya no aguanta más excusas. Este no es un favor que nos hacen: es una obligación del Estado. Estamos hablando de la seguridad de miles de niños y niñas que hoy estudian entre escombros”, lamentó el presidente de la AEDE.
Según los docentes, el interventor Ramírez prometió revisar su decisión, pero también reconoció que tiene potestad para suspender o incluso anular el proceso completo, lo que encendió todas las alarmas. “No hay claridad. Hay promesas, pero nada firme. No podemos seguir así. Exigimos transparencia y voluntad política. El derecho a una educación digna no puede depender del humor de un funcionario”, enfatizó Garcete.
