Eran alrededor de las 17:30 del 21 de setiembre de 2004 y Ramón Menelao Cano Gauto estaba culminando su tarea como albañil en una vivienda en construcción en Laguna Grande, San Lorenzo, cuando escuchó varios disparos de arma de fuego.
Ramón fue hacia el baño de la casa que estaba construyendo para tener una mejor visión de lo que ocurría y, en ese instante, vio a un hombre disparando a las ruedas de una camioneta Nissan Patrol, de color rojo, conducida por Cecilia Cubas, hija del ex presidente de la República Raúl Cubas.
El trabajador, que fue testigo de lo ocurrido, reveló que fueron tres personas las que participaron en el secuestro; una de ellas disparó a las ruedas de la camioneta; otra se acercó a romper el vidrio, y el tercero ayudó a trasladar a Cecilia a un Volkswagen Santana para sacarla del lugar.
La joven gritó pidiendo auxilio y rogó a sus captores que la dejaran libre, pero estos actuaron con violencia y determinación.
La hija del ex presidente Raúl Cubas y de la ex senadora Mirta Gusinky tenía 31 años cuando fue interceptada por los captores, vinculados al Partido Patria Libre. Integrantes de este grupo formarían posteriormente el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y habrían recibido adiestramiento de miembros de organizaciones terroristas de Colombia.
La camioneta de Cecilia recibió unos 30 impactos de bala, pero ninguno de los disparos la alcanzó, tal como lo habían planeado quienes participaron en el hecho.
Los impactos en el frente del vehículo iban dirigidos al motor con la intención de inmovilizarlo, según había explicado a Última Hora el comisario César Silguero, hoy comandante de la Policía Nacional, quien participó en las pesquisas como jefe de Balística.
Silguero atribuyó el hecho a personas altamente entrenadas, que no dejaron ningún detalle al azar, algo que no hubiera ocurrido si el plan hubiera sido llevado a cabo por delincuentes “improvisados”.
Esto fue reforzado por el dato de que el brazo armado del grupo político había sido capacitado por un asesor de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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Una “voz asustada” y “nerviosa”, según relataron los investigadores, habló por teléfono en la primera comunicación que realizaron los secuestradores. El hombre cortó la llamada diciendo que se volvería a comunicar. Fue el comienzo de un largo calvario para la familia Cubas Gusinky.
Las llamadas se hicieron desde cabinas públicas de distintos puntos del país: Caacupé, Mariano Roque Alonso, Luque y Ciudad del Este. Se comunicaron varias veces desde ese día, incluso el 12 de noviembre, fecha en que se pagó el rescate para que Cecilia fuera liberada, pero esto nunca sucedió.
Se abonó la suma de USD 300.000 por el rescate de la joven, tal como exigieron los captores, pero estos no cumplieron con su palabra.
La joven fue mantenida en cautiverio en una casa del barrio Mbocayaty de Ñemby. Cinco meses después del secuestro, el 16 de febrero de 2005, la vivienda fue allanada y allí fue hallada muerta Cecilia.
Posteriormente, los vecinos reconocieron entre los captores a Magna Meza y Manuel Cristaldo Mieres. El de Cecilia Cubas no fue el primer secuestro cometido en Paraguay, pero fue, sin lugar a dudas, uno de los más atroces por el grado de crueldad y ensañamiento de sus captores con la joven.
Autores condenados
En 2006, el Tribunal de Sentencia condenó a Osmar Martínez y Anastasio Mieres Burgos por el secuestro y homicidio de Cecilia Cubas a 25 años de prisión, más 10 años de medidas de seguridad.
Francisca Andino fue condenada a 22 años por los delitos de privación de libertad, secuestro, extorsión, extorsión agravada y asociación criminal, en grado de instigación, y como autora por la comisión del hecho punible de no dar aviso de un hecho punible.
El cuerpo colegiado condenó, como cómplices, a Vaciano Acosta, Pedro Chamorro, José Domingo Hidalgo, Manuel Portillo y Roberto Otazú a 18 años y nueve meses de prisión, más seis años de medidas de seguridad.
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Rosalba Jara Drackeford fue condenada a cinco años. Según el Tribunal de Sentencia, fue la persona encargada de proveer al grupo secuestrador de las casas alquiladas en las que mantuvieron en cautiverio a Cecilia Cubas.
Por su parte, Lidia Samudio fue condenada como coautora a cinco años por colaborar con el grupo en la búsqueda de casas para alquilar en Caaguazú.
Aldo Meza recibió una pena de 15 años, teniendo en cuenta su inclinación por la vida delictiva, puesto que ya soportaba una condena por el secuestro de María Edith Bordón de Debernardi.
Lorenzo González Martínez fue extraditado desde Argentina y condenado a 28 años de cárcel (23 de prisión y cinco de medidas de seguridad) por su responsabilidad en el secuestro y homicidio.
Entretanto, existen otros tres acusados principales por el secuestro, Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, quienes permanecieron durante muchos años como asilados político en Brasil y posteriormente fueron beneficiados con la misma medida en Finlandia.
Los ex fiscales Sandra Quiñónez, Rogelio Ortúzar y Alejo Vera pidieron, el 5 de junio de 2007, la captura internacional con fines de extradición de Rodrigo Granda Escobar, alias Ricardo, comandante Ricardo González, Artur Campos, Gallo Pintos y Rosendo Martínez.
