La Comisión que investiga en el Senado la mafia de los pagarés reportó a la Fiscalía 46 casos de enfermeros víctimas de la desaparecida Asociación del Hospital de Clínicas (Amuclin), a los que se les viene perjudicando gravemente desde hace más de diez años, dejándoles en una “asfixia económica”.
¿Cómo funcionaba? La Comisión dio detalles, explicando que la presunta red criminal se formó entre la presidenta de la Aso, Clara Benítez, así como dos abogados y un matrimonio que recibió los “derechos” de Amuclin, y quienes terminaban demandando a las víctimas.
El esquema funcionaba así: Las víctimas (funcionarios del Hospital de Clínicas) compraban productos de la Aso o accedían a créditos, y los pagos se les descontaba automáticamente de sus salarios.
En la planilla aparecía que ellos saldaron la deuda, pero esos pagarés que alguna vez firmaron se revendía o se traspasaba a otras personas, quienes terminaban iniciándoles juicios por montos siderales.
En un primer punto, se descubrió que, pese a que los pagarés eran a la vista, los que formaron parte del esquema le insertaban fecha de vencimiento, que no deben tener este tipo de documentos.
Pese a esa irregularidad, los pagarés se tramitaban en los Juzgados de Paz sin ninguna irregularidad.
Segundo punto, se adulteraban la dirección de los domicilios, “forzando la rebeldía” de las víctimas.
En vez de la dirección real, le cambiaban por el del Hospital de Clínicas, siendo que las personas ya se jubilaron. De esta manera, las notificaciones nunca llegaban.
Y en tercer lugar, existía un bloqueo institucional, ya que las víctimas intentaban defenderse buscando sus extractos para demostrar que pagaron sus deudas, pero el Hospital de Clínicas (Facultad de Ciencias Médicas) no registraba los nombres de los que les descontaban.
Es decir, ellos sí aceptaban el “mecanismo de descuento directo”, pero no exigían los nombres de las casas comerciales, financieras o asociaciones que exigían los pagos.
Pese a eso, el dinero se les retenía compulsivamente.
Incluso, hay casos en que la misma Giraduría de la Facultad de Ciencias Médicas les denegaba las copias argumentando falsamente que “había pasado mucho tiempo”.
La Comisión descubrió que en esa época los datos salariales ya se encontraban informatizados.
Los sospechosos. Desde el Senado, la Comisión de la Mafia de los Pagarés informó al fiscal de Delitos Económicos Luis Piñánez cómo estaba estructurada la presunta red:
Por un lado, estaba Clara Benítez (presidenta de Amuclin), quien retiraba los pagarés cancelados, y los abogados Lourdes Aranda (quien promovía las demandas) y Carlos Enrique Lara (quien supuestamente resolvía los casos vinculados a la Asociación, pero terminaba aparentemente estafando).
También está la pareja conformada por Julia Mabel Acosta Rojas (docente y quien recibía los derechos de los juicios) y el esposo de esta, Fabio Ubaldo Molinas (oficial de Justicia, quien ejecutaba los embargos en los juicios y también se presentaba como demandante). Ambos terminaban demandando en los juicios ejecutivos.
Respecto a Fabio Ubaldo Molinas Saldivar, “él aparece vinculado a los hechos investigados en múltiples calidades: oficial de justicia de embargos promovidos por Amuclin, cesionario de créditos pertenecientes a la asociación y luego demandante”, reportó la Comisión.
Él y su esposa cobraban, según la investigación, los depósitos de los embargos que se les iba descontando a las víctimas.
Hay expedientes con movimientos que casi llegaban a los G. 30 millones.
No es ocasional. “Esto permite advertir que la actividad económica de los denunciados no se limita a la simple recuperación de créditos, sino que presenta características compatibles con una actividad sistemática de adquisición, cesión y ejecución de pagarés”, se sospecha y la Comisión pide investigar.
Luciana Bernadet
En varios pagarés inventados, le insertaron datos con la tipografía de máquina de escribir (diferente a la letra original). Incorporaban una dirección diferente a su casa y fechas de vencimiento, pese a ser pagarés a la vista.
Con esto “forzaron la rebeldía” de la mujer, quien no se presentaba al no ser notificada.
Juan Ávalos
Hizo tres préstamos con Amuclin hace 10 años y los dos primeros canceló.
La tercera deuda, la Aso le trasfirió a Serfin SA, que inició una causa por G. 4.260.000, juicio que se triplicó, ya que Amuclin también le demandó dos veces por el mismo monto, en el Juzgado La Encarnación y en La Catedral.
Nancy Soto
Entre el 2008 y el 2010, adquirió de Amuclin un calzado deportivo para su hijo, una bicicleta para niños y un crédito de G. 2 millones y todo se le descontó de su salario.
Para su sorpresa, en el 2023, se le inició una demanda y fue embargada, y le ofrecieron un abogado, Carlos Lara, que también terminó estafándole.
Margarita Portillo
Ella habá adquirido productos a través de Amuclin, pero todos fueron cancelados tras ser descontados de su salario.
Pese a eso, revendieron sus pagarés y fue demandada en el 2016, primero por la Aso y luego este cedió los derechos a la docente Julia Acosta, cuyo esposo es el oficial de Justicia que dijo que le notificó.
Librada Núñez
Fue demandada por el oficial de Justicia Fabio Ubaldo Molinas, quien actuó como abogado y quien recibió los “derechos” sobre los pagarés de Librada, de Amuclin.
Estos pagarés ya habían sido saldados, pero igual se le inició un juicio y siendo jubilada, debían pagar G. 48 millones y se le embargó mes a mes.
Nicolaza Vázquez
Funcionaria del Hospital de Clínicas, había accedido a cinco créditos de la empresa Serfin SA a través de la asociación Amuclin.
La misma entidad financiera informa que se le pagó todo, pero de igual manera Amuclin se quedó con los pagarés y terminó demandando a Nicolaza por supuestas deudas.
Abogada podría ser acusada
El fiscal Luis Piñánez, quien investigó e imputó ya a la abogada Lourdes Aranda, tiene tiempo hasta agosto para decidir si acusa o no y pide su juicio oral.
Específicamente ella está procesada por el caso de Luciana Bernadet, quien en el 2018 le dijeron que tenía una deuda de G. 3.721.000 con Amuclin, que ella saldó al instante y le dieron una constancia de pago.
“Cinco años después, se percató del descuento de dinero en su cuenta de cobro de su jubilación, constatando que el motivo era una demanda”.
El juicio le inició la docente Julia Mabel Acosta Rojas, a quien no le conoce y pese a nunca haber firmado un pagaré y no tener deudas. Fue la abogada quien promovió la demanda.
