La diputada Cristina Villalba (ANR-Canindeyú), titular de la Comisión de Presupuesto, explicó que desde el bloque se decidió respaldar el veto parcial del Poder Ejecutivo, en consonancia con lo resuelto en la Cámara de Senadores.
El Poder Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto en lo referente al beneficio del medio pasaje para los adultos mayores.
Pidió testar el primer párrafo —segunda oración—, del artículo 16, en la parte que reza: “A tal efecto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones deberá prever, por medio del Viceministerio de Transporte, los mecanismos para hacer efectivo, en un plazo no mayor a 90 días de entrada en vigencia de la ley”.
Lea más: Congreso sanciona Ley de pensión de adultos mayores, pero sin incremento del subsidio
La diputada explicó que el veto del Poder Ejecutivo radica en el artículo 16°, que establece el beneficio del pago de medio pasaje en el transporte público de pasajeros para los adultos mayores, pero solo por la cuestión del plazo estipulado.
De acuerdo con las observaciones realizadas, existe un problema para la implementación del referido artículo en el plazo de 90 días, como se determina, debido a la gran envergadura del sistema de billetaje electrónico.
Además, explicó que el proyecto solo contempla una de las autoridades competentes para el cumplimiento del apartado que es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), que abarca el área central y la capital del país; no así a la Dirección Nacional de Tránsito (Dinatrán), institución con competencia a nivel nacional.
Nota relacionada: Senado aprueba en general proyecto de pensión para adultos mayores
El legislador Hugo Meza (ANR-Cordillera) enfatizó que el Poder Ejecutivo no está en contra del medio pasaje para las personas de la tercera edad, pero que la objeción está en el plazo establecido para la reglamentación.
El proyecto de ley refiere que la inscripción en el registro será automática para todas las personas mayores de 65 años, la pensión mensual no será menor al 25% del salario mínimo legal vigente.
Las personas con discapacidad severa, constatada y certificada por la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), podrán acogerse a los beneficios a los 60 años. En el caso de las comunidades indígenas, la pensión será universal a partir de los 55 años.
El Senado actuó en el mismo sentido y, por ende, la normativa será remitida para la correspondiente promulgación.
