La Cámara de Diputados decidió la postergación por 8 días del proyecto de ley de “Protección de Datos Personales”. El pedido partió del oficialista José Rodríguez. La iniciativa ya tenía un dictamen por la aprobación con las modificaciones del Senado por parte de la Comisión de Relaciones Exteriores.
El proyecto de postergación se dio luego de algunas críticas de la opositora Rocío Vallejo (Patria Querida), quien cuestionó que funcionarios públicos tengan el poder de decidir “si les afecta o no” compartir sus datos relacionados con horarios de trabajo y sueldos, atendiendo a que es el pueblo el que paga estos beneficios.
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“Lo que yo me pregunto es: ¿Qué datos lo que debemos ocultar de los funcionarios públicos? ¿Qué datos lo que pueden decir los funcionarios que les afectan tanto para que salgan a la luz? Si el pueblo es el que paga el salario de todos nosotros. El pueblo tiene derecho a saber si viene o no y cuánto gana. Es eso lo que no quieren que se sepa. El pueblo tiene derecho a saber las compras que hacen las instituciones públicas. Claro que les va a afectar, pero debe ser información pública, debe figurar en las webs de cada institución. Le pido a Santiago Peña vetar el artículo 24 y que siga el camino de la transparencia. Él tiene la facultad de vetar”, instó.
VERSIÓN SENADO
El diputado oficialista Juan Añazco fue uno de los defensores de la versión que posee las modificaciones introducidas por el Senado, la semana pasada.
Aseveró que el proyecto de ley mejoraría la colaboración internacional. Además, favorecerá la cooperación extranjera, principalmente de la Unión Europea, y favorecerá el flujo transfronterizo de datos, que es esencial para el comercio electrónico.
“Las modificaciones del Senado son coherentes con estos objetivos y no alteran el espíritu del proyecto de ley. La creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos Personales y la designación de su director a través de un concurso público fortalece la institucionalidad y la transparencia. La delimitación de sus atribuciones, en el artículo 43, asegura que no se le otorgue un superpoder y que su actuación se enmarque estrictamente a lo que establece la ley”, comentó.
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Sostuvo que los demás ajustes, como el consentimiento de menores, en el tratamiento de sus datos, y la inclusión de secciones en el acceso a la información pública, son necesarias para garantizar un equilibrio entre la protección de datos y otros derechos fundamentales.
