El pasado 14 de noviembre, pobladores de Valenzuela (Cordillera) denunciaron que dos directores de la Cámara de Diputados quieren expulsarlos de sus propiedades usando documentaciones supuestamente falsas. Se trata de Blanca Ojeda y su esposo Arsenio Villaverde, directores de la Comisión de Derechos Humanos y de Servicios Generales, respectivamente.
Ojeda y Villaverde dieron su versión de los hechos. El director afirma que la propiedad de 94,5 hectáreas les pertenece legalmente y que son víctimas de una persecución por parte de los hermanos del padre de Blanca Ojeda.
“Mi familia y yo estamos sufriendo una persecución inmisericorde por parte de mi familia, ya que son los hermanos de mi papá los que viven en la propiedad que adquirimos, de la forma que corresponde, legalmente. Somos acusados de tener un título falso, por parte de la señora Rosa Ojeda. Ella dice a los vecinos que tenemos un título falso. Siendo que el título de propiedad al cual nosotros accedimos en el 2023 tiene una antigüedad de más de 45 años, según los documentos que tengo”, explicó.
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Sostuvo que son los séptimos adquirientes de esa propiedad de acuerdo a los títulos que presentó incluso la contraparte.
“Ellos presentaron el estudio del título. Tenemos el Cotejo de Planos que se hizo cuando nosotros adquirimos la propiedad, el Cotejo de Plano, plano georreferenciado que primero debe ser aprobado por el Servicio Nacional de Catastro para que después se haga la transferencia”, aseveró.
Extracción de oro y tala de árboles
Arsenio Villaverde afirmó que son víctimas de una persecución por parte de los hermanos de su suegro debido a que prohibieron la extracción de oro y la tala de árboles.
“Lo que le solicito a esta gente, a los vecinos, es que dejen de hablar y manipular a los otros vecinos. Traen personas de barrios colindantes para aparentar que son varias familias las afectadas, pero no es así. Son solo cuatro casas y 10 personas, ellos sí son afectados”, explicó.
Sostuvo que los hermanos de su suegro hacen la denuncia solo para perjudicarlos laboralmente y dañar la imagen y la de su esposa.
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“Ellos tergiversan diciendo que queremos echar a la abuela de su propiedad y al padre de ella de su propiedad. La casa y el predio compramos justamente para que su padre esté mejor. Antes era un ocupante precario con una casita de madera. Gracias a Dios que nosotros con el tiempo acudimos a hacerle un juicio de usucapión. Estos le hicieron desistir de este juicio de usucapión. Nosotros queríamos una propiedad para él que tenga 50 metros de frente y 1.000 metros de fondo que son 5 hectáreas”, comentó.
Villaverde explicó que, según los vecinos, en el predio hay una mina de oro y ellos lo estaban extrayendo de manera ilegal.
“A mi suegro le hacían creer que eran piedras y a mi suegro le daban G. 30.000, G. 50.000. Él creía que le hacía pasar nomás a la gente por el predio. Ese predio donde ellos estaban cavando también era nuestro. Imagínense que los vecinos nos hagan una denuncia ante el Ministerio del Ambiente (Mades), prácticamente podíamos estar expuestos a una multa porque estaban extrayendo piedra de forma ilegal. Cuando me percaté, que salían camiones de la propiedad, mi suegro me respondió que están extrayendo piedra. Ahí le dije que para sacar piedra hay que pedir permiso de varias instituciones, que no es así nomás”, comentó.
Detalló que mandó alambrar, poner tejidos y portones y ahí comenzó la persecución.
“Yo prohibí el ingreso de vehículos. La mina de oro es el problema. El segundo problema que tenemos con ellos es la prohibición de tala, para construir una casa no utilicé un solo árbol del predio. Compré todos los materiales, tengo recibos, para no talar los árboles. Ellos me hacen carbón. Cuando la jueza se constituyó, comprobó que hay un horno gigante con el que ellos estaban haciendo carbón de forma ilegal. Puse mi alambrado para que no se tale más porque también me implica una multa y además puede ser una sanción hasta carcelaria. ¿Cómo yo voy a talar frondosos árboles y hacer carbón de forma ilegal? Tengo tomas fotográficas que demuestran cómo la gente que vino a denunciar y sus hermanos estaban haciendo carbón”, concluyó.
“Yo prohibí también eso y desde entonces vino una persecución inmisericorde. Nosotros, en dos años que tenemos la propiedad a nuestro nombre, en dos años nos hicieron sendas demandas y denuncias en el Juzgado de Paz por violencia doméstica, conexo los hechos de turbar nuestra posesión lo que es la propiedad en sí”, culminó.
