La Comisión Especial de Diputados se reunió este martes y solo conformó la Mesa Directiva, dejando de lado el calendario propuesto por legisladores opositores para recibir a los denunciantes, al denunciado, las instituciones vinculadas y finalmente la verificación de obras antes de tomar la decisión de aprobar o rechazar el pedido de intervención a la Gobernación de Central.
La diputada Kattya González expresó que este jueves, de aprobarse el calendario, se debió haber recibido ya a los denunciantes; al día siguiente, al gobernador Hugo Javier González, y el lunes, a las instituciones vinculadas.
No obstante, indicó que el diputado colorado y líder de la bancada de Honor Colorado, Basilio Bachi Núñez, calificó de disparate y sostuvo que era una ridiculez la presentación del calendario.
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“Para mí no es ridículo actuar de manera proactiva, incluida la verificación in situ de las obras”, manifestó, a la vez de señalar que el plazo ya corría desde la conformación de la Comisión Especial y no desde la elección de la Mesa Directiva.
Asimismo, sostuvo que no tiene sentido elegir la Mesa Directiva y levantar la convocatoria, por lo que pidió a sus colegas de la oposición que se insista para llevar adelante el calendario.
También dijo que no hay ningún llamado para una nueva reunión y que el plazo referencial es de 15 días, pero que no es perentorio ni el único plazo, según la Ley 317.
Afirmó que otro cronograma no se va a aprobar y pidió a sus colegas que acompañen la realización, ya que si había voluntad política ya se podía haber definido.
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González también dejó constancia de su oposición a que un colorado presida la Comisión Especial y que debía ser un opositor. Los colorados tienen una mayoría en la Comisión Especial, por lo que depende de Colorado Añetete la definición.
Por su parte, el diputado oficialista Ramón Paniagua expresó que este martes se reúne la bancada de Colorado Añetete para hablar sobre el tema, pero dijo que al no haber puesto ninguna objeción para la conformación de la Comisión Especial ya fue una demostración elocuente de que están buscando lo correcto y la transparencia en el caso.
El gobernador Hugo Javier González fue imputado por el fiscal Rodrigo Estigarribia, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, por los presuntos delitos de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, en el marco de un presunto despilfarro de USD 1 millón.
