Durante la sesión extraordinaria realizada este jueves, la Cámara de Diputados aceptó por unanimidad la renuncia del contralor Enrique García.
Inmediatamente convocaron a Camilo Benítez Aldana, subcontralor, para que preste juramento en el cargo como establece la línea de sucesión oficial de la Contraloría General de la República.
Camilo Benítez, además de ser afiliado al Partido Colorado, forma parte del movimiento Colorado Añetete.
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“El desafío de Camilo Benítez Aldana estará en saber leer los momentos políticos, y saber que la ciudadanía ya no es tonta y le controlarán hasta el 2021”, advirtió la diputada Kattya González durante el debate.
Agregó que esperan “muchísimo” de Benítez, ya que tiene a su cargo “la institución más importante en todo nuestro esquema democrático”.
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De igual manera, recordó y aseguró que no es un tema menor que el nuevo contralor es del Partido Colorado. Recordó que cuando García asumió, contaba ya con antecedentes de prácticas graves en su legajo, por lo que recordó que estos cargos deben ser idóneos y transparentes.
“Que esta persona (Camilo Benítez) sea capaz de establecer políticas públicas y lineamientos claves”, refirió.
Por su parte, la diputada colorada Jazmín García encomendó a Benítez la especial misión de permitirle a la Cámara Baja volver a trabajar con tranquilidad, ya que, últimamente, perdieron mucho tiempo en debates de hechos que los retrasan, con lo que ella considera realmente importante para la cámara legislativa.
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La diputada pidió a su correligionario que devuelva la concordia y eficiencia del control de las distintas instituciones que tendrá a su cargo.
Tras un extenso y caldeado juicio político realizado en la jornada del miércoles, Enrique García, acorralado mientras esperaba en el banquillo de los acusados que lo salven, presentó su renuncia, ante una inminente destitución.
El juicio político fue seguido muy de cerca por la Comisión Escrache Ciudadano, cuyos miembros en todo momento presionaron para que los legisladores no lo salven.
García fue acusado por mal desempeño en sus funciones, irregularidades en el caso Ivesur, la contratación de una consultoría para elaborar un manual innecesario, la concesión de privilegios a sus allegados, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
