La decisión fue adoptada mediante el Auto Interlocutorio 89 dentro de la causa caratulada “Wildo Peña Benítez y otros sobre perturbación de la paz pública y otros”, expediente 195 del año 2026. La resolución fue firmada por la jueza penal de Garantías Marcela Alejandra Mallorquín, quien dispuso la suspensión de la prisión preventiva y la aplicación de medidas alternativas para los procesados.
Los beneficiados con la medida judicial son Aldo Augusto González Martínez, Antonio Brítez Acosta, Baudelio Villalba Paniagua, Derlis Aguilar Brítez, Gregorio Ramírez Paredes, Herminio Aguilar Vera, Juan Pablo Lezcano Dávalos, Richard Rodrigo Rodríguez Ortigoza, Roberto Rodas Espínola, Roney Saúl Vera López y Wildo Peña Benítez.
Según la imputación presentada por el Ministerio Público, los mismos fueron procesados por los supuestos hechos punibles de resistencia y perturbación de la paz pública.
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De acuerdo con la relación de hechos expuesta por la Fiscalía, los incidentes se produjeron el miércoles 11 de marzo alrededor de las 11:55 sobre la ruta D015, a la altura del kilómetro 17 de la compañía Itacurubí, donde un grupo de productores realizaba una manifestación.
En ese momento, los manifestantes habrían encendido neumáticos en medio de la ruta como parte de la medida de fuerza. Cuando agentes policiales intervinieron para apagar el fuego con extintores, se produjo un enfrentamiento, ya que algunos manifestantes reaccionaron arrojando piedras y cascotes contra los efectivos.
Las protestas forman parte de una serie de movilizaciones impulsadas por cañicultores de Mauricio José Troche, quienes reclaman al Gobierno la culminación del nuevo tren de molienda de la planta alcoholera de Petropar, obra considerada clave para mejorar la industrialización de la caña de azúcar y garantizar la compra de la producción del sector.
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Cristian Fonseca, presidente de la Asociación de Cañicultores de Troche, había señalado que uno de los principales reclamos del sector era la liberación de los compañeros detenidos y la devolución de los tractores incautados durante el procedimiento policial y que después seguirán insistiendo con el reclamo principal que es la culminación del tren de molienda.
Tras la resolución judicial, los 11 imputados continuarán el proceso en libertad, pero deberán cumplir medidas alternativas como la prohibición de salir del país sin autorización judicial, presentarse periódicamente ante el Juzgado de Paz de Mauricio José Troche y fijar domicilio, entre otras disposiciones establecidas por el juzgado.
