Un nuevo desalojo ilegal a una comunidad indígena fue denunciado por Iniciativa Amotocodie, ante la expulsión de la comunidad indígena Cerrito, de Arroyo Guazú, distrito de Minga Porã, Departamento de Alto Paraná, de sus tierras ancestrales.
El desalojo fue a unas 87 familias del pueblo Avá Guaraní, quienes habrían sido sacadas de la propiedad sin orden judicial, alegan desde la asociación.
“Estos desalojos constituyen hechos criminales y anticonstitucionales ejecutados por el Estado paraguayo. La Constitución Nacional garantiza a los pueblos indígenas el derecho a sus territorios. El Código Penal de Paraguay establece estas acciones como hechos punibles”, reclaman.
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Asimismo, lamentan que la usurpación de territorios indígenas en Paraguay se haya acelerado en el marco de la pandemia, lo que constituye un proceso de genocidio ejercido por el mismo Estado paraguayo contra los diferentes pueblos originarios.
Por su parte, la hermana Raquel Peralta, representante de las religiosas que se encuentran acompañando a los indígenas en situación de desalojo, y presidenta de la Confederación de Religiosos y Religiosas del Paraguay (Conferpar), habló sobre la situación que pasa la comunidad que es echada del lugar por segunda vez en el mismo año.
“Quiero expresar que este segundo desalojo de la comunidad Cerrito de Arroyo Guazú, de Alto Paraná, es una situación que duele, indigna y avergüenza. El Estado paraguayo y este Gobierno de turno son responsables de esta situación”, cuestionó.
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Dijo unirse a las denuncias realizadas por el padre Miguel Fritz, quien este domingo dirigió la homilía del primer novenario a la Virgen de Caacupé, en la que denunció los hechos de desalojo y la criminalización de la lucha por la tierra de parte de las autoridades.
“Duele ver a los verdaderos dueños de estas tierras, como primeros habitantes de lo que hoy es el Paraguay, que con aparatos del Estado, siempre al servicio de los terratenientes, del agronegocio, las multinacionales y por supuesto el narcotráfico, la narcopolítica, atropellar, violar y pisotear la dignidad y el derecho territorial de los pueblos indígenas”, criticó.
Recordó que la Constitución Nacional garantiza a los pueblos indígenas la ocupación y el usufructo de los territorios ancestrales. “Estamos asistiendo, observando y siendo parte de un proceso de desalojo, de un proceso de genocidio”, explicó.
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En tanto, señaló que la ciudadanía permite estas violaciones con su “silencio y pasividad ciudadana”, por lo que consideró que este será un proceso de nunca acabarse en nuestro país. "¿Por qué digo esto? Porque el Código Penal Paraguayo en su artículo 319 dice que forzar a una comunidad a la dispersión es genocidio y es un hecho punible ilegal y altamente inconstitucional”, insistió.
Según la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, los Avá Guaraní fueron víctimas de desplazamientos involuntarios para la construcción de la hidroeléctrica Itaipú y aún no ha sido resarcido el daño causado a este pueblo ancestral a pesar de sus justos reclamos.
Hace dos semanas, un fuerte contingente policial compuesto por cascos azules y hasta un helicóptero también dio cumplimiento a una orden de desalojo, de la comunidad Hugua Po’i del pueblo Mbya Guaraní, en el distrito Raúl Arsenio Oviedo, en Caaguazú.
