De acuerdo con el viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, el sistema está operando a su máxima capacidad. El problema es el aumento de la demanda, que saltó de un pico de 550.000 a 583.000 pasajeros al día.
De esta manera prácticamente deslinda responsabilidad a las empresas, por otra parte reconoce que el Estado no hizo las previsiones correspondientes para evitar este golpe a la población con la normalización de las clases y trabajos presenciales luego de casi dos años.
En países de la región, los habitantes cuentan con una variedad de servicios de transporte público, que a su vez cuentan con tarifas diferenciadas, en tanto que en Paraguay la única oportunidad que se presentó para alivianar el tráfico y agilizar el desplazamiento de personas fue el proyecto de implementación del Metrobús, que fracasó con un millonario perjuicio estatal, un caso que luego de tres años permanece impune.
El acceso al transporte público está relacionado con el derecho a la movilidad, que contempla normas internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto San José de Costa Rica y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, por citar algunas.
De allí la gravedad de un sistema deficiente, que no responde a las necesidades de la población; al contrario, resta su calidad de vida. Una persona que tarda dos horas diarias en llegar al trabajo y otras dos en retornar a su vivienda, pierde más de 100 horas al mes, tiempo que se traduce además en estrés, frustración y menos tiempo de relacionamiento familiar.
Y es que hay que entender el acceso a la movilidad en un sentido amplio, pues también se vincula a otros derechos, como el de la educación, debido a la necesidad de traslado hasta las escuelas, colegios, universidades y otros centros de formación; a la salud, cuando las personas deben desplazarse hasta los hospitales para recibir una atención oportuna, así también está estrechamente relacionado con el derecho al trabajo para llegar a tiempo en el horario establecido. Es más también necesario para garantizar la alimentación, pues la búsqueda de víveres requiere de traslados hasta los puntos de venta, situación que se agrava en otras ciudades que también fueron creciendo sin un plan de ordenamiento territorial y acceso a servicios básicos.
El caso de Paraguay no es aislado. Esta situación es analizada con lupa especialmente en los países de Latinoamérica. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México es una de las organizaciones que estudiaron la violación de derechos concatenados que parten del acceso a la movilidad. Esta instancia recordó que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se estableció la necesidad de acceso a sistemas de transporte público seguro, asequible, accesible y sostenible. Aunque Paraguay se comprometió al cumplimiento de este mandato, nada avanzó en este ámbito; al contrario, vivimos en medio de una constante amenaza de que la situación empeore con la agudización de reguladas y suba del precio del pasaje en el único sistema que existe en el país para desplazarnos.
ALTERNATIVA. La única opción que ofreció el Viceministerio de Transporte para mitigar el impacto es la implementación del horario escalonado en la Función Pública, cuya ley fue promulgada en el 2020, pero que nunca fue reglamentada. Esta propuesta apunta a la modificación de los modos de vida de una parte de la población y ningún compromiso por parte de las empresas. Además, si bien puede reducir el efecto de la sobredemanda en horas pico, no promete ser una solución al problema.
