CIUDAD DE ESTE
La denuncia está basada en el informe del interventor Ramón Ramírez y refiere un millonario perjuicio de más de 3,5 millones de dólares entre el año 2019 y agosto 2025 a las arcas de la Comuna local, conforme con el escrito presentado ante el Ministerio Público.
Los hechos se estarían encuadrando con delitos como producción de documentos de contenido falso, producción inmediata de contenido falso y uso de documentos de contenido falso. El abogado Víctor Enriquez, del gremio denunciante, reveló que ya el año pasado habían iniciado una investigación de este hecho, pero que habían frenado por la falta de reciprocidad del Ministerio Público en la investigación de los hechos denunciados.
Según la denuncia, se registraban cargas de combustibles en comisarías locales, pero un informe de la Policía Nacional confirmó que esos abastecimientos nunca existieron. Además, las firmas y sellos utilizados son falsos y los vehículos que figuran con sus chapas no corresponden a los de la Policía Nacional, lo que configura hechos punibles de acción penal pública.
El esquema involucra al ex intendente destituido por corrupción, Miguel Prieto Vallejos, concejales municipales y miembros de su Gabinete.
La denuncia detalla que los ediles, además de percibir su dieta, recibían un plus mensual de G. 3.000.000, en algunos casos cobrados directamente en estaciones de servicio sin realizar ninguna carga real.
El concejal Federico González, hijo del ex gobernador Roberto González Vaesken y actual candidato a intendente municipal, cargó combustible por G. 3 millones de una sola vez, según Enriquez. Este luego agregó que lo que realmente ocurría fue que retiraban en efectivo el valor de combustible en horario nocturno.
MODUS OPERANDI. El actual presidente de la Junta, Sebastián Martínez, quien ya está procesado en otras 3 causas, también operaba de la misma manera, según la denuncia.
Otro de los denunciados es el ex concejal y ex intendente interino, Hugo Benítez, quien supuestamente estuvo un fin de semana por la localidad veraniega de San Bernardino y abasteció 4 vehículos particulares con los recursos de la Comuna. Otro denunciado es el ex secretario general de la comuna, Francisco Arrúa, quien habría retirado combustible en bidones en la localidad de Ayolas, durante una actividad particular.
El ahora ex intendente municipal Miguel Prieto también tenía un cupo de G. 5 millones mensuales, lo que representa G. 60 millones al año. “La Municipalidad de Ciudad del Este quemó dinero por G. 26.900.000.000 desde el 2019, un poco más de 3,5 millones de dólares”, afirmó el abogado.
También mencionan a la directora de Servicios Generales, Dyrce Ledesma, quien según la acusación llegó a simular cargas por 300 litros de combustible en su vehículo particular, cuando en realidad retiraba hasta G. 3 millones en efectivo, luego de haber llenado poco antes su tanque de combustible, conforme con el documento.
“Ella está involucrada hasta el cuello en este robo monumental”, afirmó el abogado Víctor Enriquez, representante de la Contraloría, quien llamó de “mafia de combustibles” al caso denunciado.
Otra beneficiada, Ingeniería del Este SA, firma encargada de la recolección de basuras de la ciudad, cuya chapa de vehículo también aparece en los registros de suministro de combustibles, siempre conforme con la denuncia firmada por Magdalena Montiel, Sergio Sánchez, José Vázquez, Oscar Delvalle, Óscar Melgarejo, Sandra Miranda, Valentina Giménez y el abogado.
