13 jun. 2024

De la emisión de bonos a la especulación inmobiliaria

En las últimas semanas, cobró protagonismo en los medios el caso del mal uso de bonos destinados a infraestructura pública ahora empleados para cubrir el pago de salarios de empleados municipales, cuyo número aumentó exponencialmente en las últimas décadas. Esta medida no solo refleja la ilegalidad, sino también la escasez de fuentes de empleo genuinas en el país. En este contexto, conseguir un puesto en el sector público –ya sea en ministerios, gobernaciones, municipios o entidades binacionales– se convirtió en la mejor alternativa para aquellos cuya única otra opción es enfrentar la inseguridad de ingresos del sector informal.

Tras analizar diversos casos en el país, se evidencia que los gobiernos municipales constituyen un campo propicio para la corrupción. En 1998, Robert Klitgaard propuso una formulación lógica para entender este fenómeno: Corrupción = Monopolio + Discrecionalidad – Transparencia. Esta fórmula resulta especialmente pertinente en el análisis de la Municipalidad de Asunción, especialmente en el manejo (o desmanejo) de los fondos provenientes de bonos para obras públicas. En este ejemplo, el intendente ejerce un poder monopólico en la toma de decisiones, reforzado por la alta discrecionalidad que le otorgan los concejales, lo que debilita significativamente los mecanismos de rendición de cuenta y supervisión.

El gobierno municipal paraguayo se estructura en base a tres pilares: los intendentes, los concejales y los funcionarios municipales (contratados y permanentes). Desafortunadamente, la falta de transparencia en el municipio se ve exacerbada por la lealtad de los funcionarios municipales, un factor directamente relacionado con la posibilidad de obtener ingresos permanentes y la escasez de oportunidades laborales en el sector privado.

La malversación de bonos, originalmente destinados a infraestructura, para cubrir el pago de salarios por parte de la Intendencia Municipal constituye una acción grave en términos financieros, legales y de transparencia. Ante este panorama, surge una interrogante crítica; ¿Cómo logrará la Municipalidad de Asunción pagar a los funcionarios el próximo año? La opción de continuar emitiendo bonos cada vez es menos viable, debido a los altos costos financieros que conlleva aumentar la deuda sin amortizar los compromisos previos.

En Paraguay, la ausencia de un proceso robusto de industrialización limitó las fuentes de empleo a gran escala, principalmente a proyectos como la construcción de las hidroeléctricas de Itaipú y Yacyretá. Paralelamente, se observó la transformación en el sector agrícola, evolucionando de una agricultura familiar a otra de gran escala, con la introducción de cultivos intensivos como la soja. Este cambio provocó el desplazamiento masivo del campo a la ciudad, resultando en la creación de zonas marginales y marginalizadas debido a la ausencia de una infraestructura comunitaria adecuada. Desde la perspectiva industrial, existe una capacidad limitada para absorber mano de obra a gran escala, con pocas empresas de mediano porte capaces de ofrecer empleos tanto en cantidad como en calidad.

Esta política de emplear a los correligionarios en los municipios, que lleva más de 50 años en uso, aumentó recientemente su impacto en las finanzas municipales debido al incremento en el número de contratados y en el nivel de los salarios pagados. Esta práctica conlleva mayores niveles de gasto corriente, sin ofrecer una retribución adecuada de servicios. Las empresas estatales que históricamente empleaban a gran número de personas enfrentan situaciones de quiebra y obsolescencia, resultado de las mismas prácticas de superpoblación laboral y baja o nula productividad observadas en el Municipio. Por lo tanto, no es difícil predecir el destino preocupante de la Municipalidad de Asunción a mediano - largo plazo, si se continua con esta tendencia.

Ante esta realidad, el Gobierno central, las gobernaciones y municipios han recurrido a los fondos de royalties y del Fonacide para mantener la creciente nómina de empleados públicos. Sin embargo, estas prácticas están alcanzando un punto insostenible. Se anticipa que para el año 2027 estos fondos serán insuficientes para sostener el extenso plantel de funcionarios, lo que podría generar tensiones sociales ante la falta de empleos alternativos para aquellos que necesiten ser reubicados. Además, el aumento constante del impuesto inmobiliario no parece proporcionar un flujo de ingresos suficiente para mitigar el impacto.

En este contexto, es previsible que los municipios recurran a la especulación inmobiliaria, especialmente mediante la venta de tierras municipales. Esta tendencia se observa en proyectos como los de la Costanera Norte, donde la especulación parece ser el principal objetivo, alejándose de la meta de potenciar el desarrollo de infraestructura de servicios básicos en beneficio de la comunidad. La especulación inmobiliaria es una realidad ineludible, y por ello, es esencial exigir rendición de cuentas no solo en relación con los bonos emitidos, sino también respecto a las ventas de tierras municipales, que, con toda seguridad, se realizarán.

Es ampliamente conocido que el Sistema Nacional de Catastro registra más tierras que la superficie total del Paraguay, lo que pone de relieve la importancia del ordenamiento territorial, que debe comenzar a nivel municipal. Por el otro lado, la corrupción en las interacciones público-privadas probablemente continuará en ausencia de un sistema judicial efectivo que sancione las conductas delictivas. Es crucial enfatizar que las transacciones inmobiliarias deben ser realizadas para impulsar el desarrollo urbano sustentable, inclusivo y el bienestar de la comunidad, no sólo como soluciones financieras temporales –parches-- a problemas estructurales de desarrollo económico, social y medioambiental.

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